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Cuando el fundamento de la sociedad es socavado por distintas corrientes de aguas turbulentas sobre la superficie y subterráneas, el gran edificio de toda la sociedad empieza a demolerse o al menos a tener perseverantes riesgos de derrumbarse.
Los cambios acelerados que estamos viviendo en las tres o cuatro últimas décadas han afectado profundamente a los sistemas educativos de todos los países y, por eso, todos los países están en permanente alerta y en estado de reforma educativa continua para dar respuesta a tantos nuevos desafíos en la educación y capacitación para la vida.
Si todos los sistemas educativos están reaccionando y actualizándose de acuerdo a las crecientes exigencias de los tiempos acelerados, ¿qué corresponde hacer a la educación familiar?
La educación familiar no puede alienar su responsabilidad, Hay padres que piensan que ponen a sus hijos en la escuela o colegio para que allí los eduquen. Están equivocados. Son escenarios diferentes, con actores diferentes, para objetivos, métodos, procesos y resultados sustancialmente distintos.
Salvo excepciones, las madres y padres de familia no tienen ni la información, ni las competencias, ni el tiempo suficientes para poder actualizarse por su cuenta en lo que se requiere para educar a sus hijos menores de edad en estas circunstancias tan diversas a las que ellos vivieron cuando eran pequeños. Son muchas las diferencias entre el contexto de su infancia y el de ahora, son muchas las novedades y extraordinariamente poderosos los factores que influyen en sus hijos en esta sociedad globalizada de la información y el conocimiento. No es fácil educar y ahora, mucho más difícil.
La Constitución Nacional garantiza a la familia su “protección integral” (arts. 49 y 54) y es más, al mismo tiempo le reconoce el derecho a la libertad de educación de sus hijos (art. 74) y le distingue con la responsabilidad inalienable de educarlos (art. 75).
El Estado compromete a la familia con la educación, dándole el primer lugar por delante de los Municipios y del mismo Estado; el Estado se compromete a proteger a la familia para que satisfaga todos sus derechos y obligaciones, pero el Estado, por medio de los sucesivos gobiernos desde que se promulgó la Constitución en 1992, aún no ha posibilitado las condiciones ni siquiera básicas para que las familias puedan cumplir con su responsabilidad.
Son necesarias, para el aterrizaje del artículo 75 de la Constitución Nacional, las leyes correspondientes, que ordenen el sistema que dará vigencia al mandato. No tenemos aún la ley de educación familiar, como no tenemos tampoco la ley de educación municipal.
No se trata de crear una ley de educación familiar coactva, que dirija y condicione la libertad de educación de los padres; se trata precisamente de lo contrario, de posibilitar que los padres puedan ejercer sus derechos y deberes en el contexto de la libertad pluralista, democrática, con el total respeto a la dignidad de todos los miembros de la familia.
Una ley de apoyo, de “protección integral”, una ley que garantice a los menores que recibirán la educación pertinente, que les posibilite el desarrollo humano personalizado en todas las dimensiones esenciales constituyentes de su ser, que les introduzca eficientemente en la cultura de la comunidad, en las relaciones sociales, en el manejo de las lenguas oficiales, castellano y guaraní, y les abra los caminos de los conocimientos y saberes inmanentes y trascendentes.
En un mundo empequeñecido, donde la agresividad y violencia de unos pocos amenazan la seguridad y la paz de todos, la educación para la paz y la convivencia armónica empieza, se nutre y se refugia en la familia, por eso proteger a la familia también para erradicar sus posibles brotes de violencia interna, es tarea de una reforzada y gozosa educación de la afectividad. Los que aprenden a amar siendo amados desde la entraña y el parto de sus madres y maduran sus corazones en las entrañas amorosas de la familia, tienen raíces para poder construir la civilización del amor.