Privatización no es objeto de ley marco regulatorio

La Cámara de Diputados aprobó en general el martes 11 de junio el proyecto de ley “Marco regulatorio del sector eléctrico”. En mi opinión, la ley tiene mucho para mejorar, pero ya está en marcha. Es el sexto intento desde 1995.

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La privatización, que ya está pasado de moda en el mundo, ni forzando la imaginación es el objeto de la ley. Y sería un absurdo pasar de un inconstitucional monopolio público a un monopolio privado que se regula a sí mismo, como hoy es la ANDE.

Ni los detractores de la ley creen en este gastado discurso. Pero es comprensible su inquietud y oposición a cualquier cambio, pues, de lejos, el sector eléctrico público es el mejor remunerado y con los mejores beneficios adicionales.

Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, Paraguay es el único país del continente americano que mantiene desde hace 50 años el mismo modelo de organización del sector energético y de la industria eléctrica en particular, en un mundo que ha cambiado dramáticamente desde entonces. Como las fotografías en blanco y negro, nos quedamos en el tiempo. Viajamos en un Ford T en una supercarretera lleno de Ferraris. Víctor Hugo decía: se puede parar un ejército invasor, pero no una idea cuyo tiempo ha llegado.

Pero, ilustrativamente, me permito aportar un ejemplo concreto de lo que significa la distribución eléctrica en manos privada en Paraguay: CLYFSA, concesionaria privada de distribución eléctrica en la ciudad de Villarrica, y las distribuidoras privadas en las tres colonias menonitas en el Chaco Central tienen índices de calidad de servicio de primer mundo. Se estima que la ANDE pierde unos 40-50 millones de dólares anuales en sus redes.

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Pero la ANDE también fue un modelo en otras épocas, casi como una empresa privada. Y puede volver a serlo si se corrigen las profundas causas estructurales que lo llevaron al estado actual. Pero necesita una profunda reorganización empresarial y abandonar un modelo perimido creado hace 45 años. Y, sobre todo, hace falta que el funcionario sienta la presión de la competencia, y que los empleados arriesguen sus puestos de trabajo y el nivel de su salario sea con base en resultados, como todos los trabajadores del sector privado.

El principal objetivo de la ley es la desregulación y re-regulación, el árbitro o juez administrativo que aplica la regla de juego y cuida los intereses de las partes. Que se trate de transporte de pasajeros por empresa privada, telecomunicaciones, o empresa públicas como ESSAP de aguas y alcantarillados, cuando hay profundas fallas en los servicios, es fundamentalmente responsabilidad del regulador, que no ha sabido (o querido) ejercer eficazmente su cometido. La regulación es tan importante para la sociedad que los países del OCDE (organización de los 31 países más ricos del mundo) compiten por la calidad regulatoria. Ahora bien, como lo demuestran Conatel y Erssan, regulación de calidad no es soplar y hacer botella. Requiere la construcción institucional compleja, de larga data y constituye un proceso de ajuste continuo, muchas veces por prueba y error.

A lo que hay que apuntar es a que la ANDE quede adaptada a las nuevas reglas de juego, se convierta en la empresa pública modelo que fue, al igual que muchas empresas públicas de la región, que se desempeñan con tremendo éxito en el sector eléctrico, por ejemplo EPM (Empresas Públicas de Medellín), COPEL de Paraná (Brasil), ISA de Colombia, CEMIG de Minas Gerais (Brasil).

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