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La primera fue la del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (TPR) que no tuvo el coraje de actuar conforme al protocolo de Olivos y demostrar la absoluta independencia de los árbitros en sus laudos. Se limitaron a elegir la vía más fácil y dictar un fallo contradictorio y timorato, por llamarlo de la manera más benigna, que por un lado reconoce que son competentes para resolver sobre el Protocolo de Ushuaia, y por el otro rechazan la acción interpuesta por Paraguay dentro de ese marco.
Absurda contradicción que alguna vez tendrán que explicar, aunque en verdad, jueces o árbitros hablan a través de sus sentencias, y lo dicho, dicho está, aunque con ello se haya relegado al TPR al triste estatus de una mera oficina burocrática del Mercosur.
La otra oportunidad perdida ocurrió más recientemente, en la reunión de Presidentes de Brasilia, en la que también se debió rever la ilegal, arbitraria e injusta postura de sancionar al Paraguay violando todos los tratados, protocolos, decisiones y reglamentos, con lo cual se debe por sobre todas cosas devolver la legalidad al bloque regional, y por lo tanto, y más que ello, su credibilidad en dudas en este momento ante la comunidad internacional, por la irracional posición de los presidentes, que ni siquiera son parte del organigrama del bloque regional. Es decir, a pesar de la nulidad manifiesta de las sanciones impuestas, debían hacer un gesto de grandeza, reconocer sus errores, y dejarla sin efecto por las mismas razones que imponen la nulidad de sus actos. Pero, ¿se puede esperar grandeza de quienes actúan solamente guiados por sus caprichos y no por las leyes? O porque “lo político está sobre lo jurídico” (Mujica dixit). No en balde Aristóteles hace siglos decía: “Prefiero el gobierno de las leyes y no el de los hombres”.
Esta pertinaz insistencia en la ilegalidad se ha visto agravada por las últimas declaraciones del canciller brasileño Patriota, quien manifiesta que tras las elecciones de abril tampoco levantarán la suspensión, sino que lo harán luego de agosto, cuando asuma un nuevo Presidente, pues hasta ese entonces seguirán monitoreando el proceso electoral de Paraguay.
Dos reflexiones me merecen estas declaraciones. La primera, sensación de tristeza de ver como una institución de renombre mundial como Itamaraty se ha venido a menos. Qué dirían los antecesores de Patriota cuando lo ven actuar de esta manera, de abierta intromisión en asuntos internos de otro país, de falta de respeto al sagrado principio sostenido por sus cancilleres de todas las épocas de “pacta sunt servanda”. Quienes hemos conocido personalmente a más de doce cancilleres del Brasil, estamos seguros –algunos como Celso Lafer y Felipe Lampreia han hecho ya declaraciones públicas en este sentido–, de que estarán simplemente “perplexos”, utilizando una palabra de uso corriente en el lenguaje diplomático de los brasileños, ante esta cadena de irregularidades cometidas por la institución. O a veces su silencio cómplice cuando el artífice e inspirador de toda esta historia, que tiene nombre y apellido: Marco Aurelio García, hace declaraciones agresivas y lesivas a los intereses paraguayos.
Y la segunda reflexión es que el Paraguay tiene de ahora en más un nuevo “Tribunal Electoral” integrado nada menos que por los Cancilleres de Argentina, Brasil y Uruguay. Ellos dirán si la elección fue buena o no. Ellos darán la legitimidad a las elecciones. Si ellos dicen no, como parece preanunciarse, la misma será “plagada de irregularidades”, y de cualquier otro calificativo que quieran darle para encontrar entonces la justificación para más sanciones.
Ante esta realidad, qué hacer, me preguntan a diario amigos, empresarios, ciudadanos comunes, preocupados por esta situación. Y en verdad, la respuesta es difícil. Por un lado creo que –y lo digo por centésima vez– debemos hacer un estudio serio entre el sector público y privado, para ver si nos conviene o no salir del Mercosur. Es decir, si las supuestas “ventajas” de permanecer en él, valen más que nuestra dignidad como nación.
Por otro lado, seguir con lo que se está haciendo de iniciar los trámites para las acciones legales que en derecho nos corresponden. Sabemos que ellas pueden durar muchos meses, o años quizá, pero son necesarias para hacer ver a nuestros vecinos que Paraguay cree todavía en el Derecho como medio de resolver conflictos.
Entre tanto, sigamos con nuestro cronograma de trabajo, y adelante. Soy de los que creen que la historia, nuestra gran historia, nos enseñó que a veces es necesario recurrir a sacrificios inmensos para defender nuestra integridad y soberanía. Sigamos con esa postura, y la dignidad de la República estará a salvo. Quizá también alguna vez los presidentes vecinos entiendan lo que es “soberanía” y lo que es “integración”. Si lo hacen, encontrarán una respuesta fácil para terminar con esta crisis.