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La exigua condena de dos años de presión, con suspensión de la pena –el Código Penal prevé que con dos años de condena el individuo no va a la cárcel– y el pago de una “multa” de G. 5 millones es un penoso y trágico precedente que deja para la sociedad quienes tienen una tarea fundamental en la construcción de la paz social, que es impartir justicia.
Dos de los jueces, Iglesias y Prieto, optaron por la condena del encausado, mientras que el juez Zorrilla votó por la absolución. Es decir, para este último juez no hubo delito.
Robar una vaca tiene mayor condena de la que este Tribunal le aplicó a una persona que actuó como depredador de la confianza y el poder que tiene ante la sociedad en su condición de “representante de Dios”.
El mensaje de este Tribunal es que alguien puede cometer cualquier delito, y por deleznable que resulte, con una pequeña multa y una burlesca condena puede “zafar” del problema, sin importar el daño que haya provocado.
Lo que este Tribunal le está diciendo a la ciudadanía es que no podemos confiar en la justicia. Que el camino más eficaz cuando nos vemos dañados en nuestros derechos, agraviados, violentados, es la justicia por mano propia, porque nuestros tribunales, nuestros jueces, no tienen ni el tino, ni la sabiduría ni el coraje y tampoco la honradez y honorabilidad para ocupar el cargo.
Jueces de esta catadura, que lamentablemente pululan en nuestro sistema legal, lo mejor que pueden hacer por la sociedad, por el país, es irse a sus casas y dejar el espacio a personas que tengan el compromiso y el valor necesarios para ejercer en esos cargos. Les queda grande el sayo.
jaroa@abc.com.py