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31 senadores votaron para echar a uno de los suyos, con solo 9 que se opusieron y la vergonzante abstención de Monges y Samaniego.
Nunca está demás recordar que la pérdida de investidura es un castigo político, más allá del intento de algunos como Bacchetta de intentar equipararlo a un proceso judicial.
Engaño. Para los sentenciados judiciales ya está establecida también constitucionalmente la figura de la inhabilidad.
El histórico primer caso, el de Óscar González Daher, fue una expulsión sumarísima ante el uso indebido de influencias.
Si los congresistas son representantes del pueblo, hasta aquí los 3 casos en los que se votó la pérdida de investidura tuvieron alta legitimidad, superando incluso la mayoría más exigente, mayoría absoluta de dos tercios.
Fueron 30 los que votaron para echar a Óscar González Daher en 2017, 35 los que destituyeron a Víctor Bogado hace menos de un mes, y 31 los que el jueves expulsaron del Congreso a Dionisio Amarilla, el primer congresista liberal que pierde su investidura.
Si a ellos se les agregan las renuncias, primero de González Daher ya en este nuevo periodo y luego la de Jorge Oviedo Matto, ya son 5 los casos en los que senadores deben dejar el Congreso acosados por casos de corrupción.
Los que están callados y miran para otro lado son los diputados.
Allí solo José María Ibáñez se vio obligado a renunciar cuando la presión de la opinión pública ya hacía insostenible mantenerlo y su caso se encaminaba a la destitución.
Pero existen más casos.
Uno notorio, público e incuestionable afecta a Carlos Portillo, grabado ofreciendo una sentencia judicial a cambio de 3 mil dólares. El hecho fue documentado y denunciado públicamente en noviembre de 2017, y ahora, tras varios incidentes, parece encaminarse judicialmente.
Otro es el de Tomás Rivas, imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados con méritos y servicios de contenido falso por orquestar la contratación en la misma cámara de tres de sus empleados particulares, cuyas planillas de asistencia fueron firmadas todas de una sola vez, planillas que estaban en poder del propio diputado.
Rivas paralizó durante varios meses su desafuero con chicanas judiciales y ahora, a través de nuevas maniobras intenta dilatar el proceso judicial.
En ambos casos hay uso indebido de influencias fehacientemente comprobado, requisito que establece la Constitución Nacional para la pérdida de la investidura parlamentaria.
guille@abc.com.py