Manejos mafiosos que se copian

El caso de la candidata a presidir el Centro de Estudiantes de Derecho UNA, Alejandra Vera, en cuyo cierre de campaña el pasado martes, como si fuese normal, se sortearon un auto, pasajes a Brasil y, de yapa, agredieron a trabajadores de prensa por la osadía de filmar y tomar fotos, expuso ciertos manejos mafiosos que se naturalizan por ser una línea que baja de los círculos de poder político vigente.

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Vera es del equipo oficialista, directamente vinculada al cartismo. Su padre es nada menos que el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Hugo David Vera, con lo cual este episodio salpica de lleno al Gobierno.

Dado que la candidata estudiante se negó a revelar de dónde salieron el auto y los pasajes para el sorteo y la canilla libre de cerveza, habilita a pensar que los regalos bien pudieron ser el aporte de un narco o un político (adjetivos que no se excluyen uno al otro). Además, la presencia de matones, dispuestos a garrotear a cualquiera que molestase o preguntase demasiado, revela que estos personajes no se andan con vueltas y se saben impunes.

Episodios de menor cuantía en un país serio hubiesen motivado un escándalo de proporciones. No es un dato menor que la hija de un ministro vinculado directamente al combate al narcotráfico ostente poder y capacidad de derrochar dinero, sin sentirse obligada a dar explicaciones.

La Facultad de Derecho UNA se ha ganado cierta fama de ser el semillero de futuros altos funcionarios públicos. Desde hace años, es habitual que las elecciones en esa casa de estudios sean vinculadas directamente a la interna del partido oficialista, sin excluir la influencia de dirigentes de otros partidos políticos, de los ministros de la Corte Suprema y de los mismos profesores.

Por la forma en que llegan estos “representantes” a sus cargos en el Centro, se comprende que luego entiendan que pelear por los intereses de sus compañeros consista sobre todo en hacerles favores para obtener mejores calificaciones, becas aunque no las necesiten, influencias para tener salarios en la administración pública sin tener que trabajar y una larga lista de despropósitos que consideran “normales” ya que ellos mismos llegaron de manera torcida al espacio en que están.

Se sabe además que haber sido presidente del Centro de Estudiantes, o al menos haber pasado por ese organismo como dirigente, es algo que se ostenta en el currículum de quienes quieren acceder o escalar posiciones en la estructura del gobierno. Como también lo es, en otro nivel de la estructura política, haber sido presidente de seccional. Ese es un dato clave que debe incluirse en los formularios cuando se pretende trabajar en Itaipú, Yacyretá u otras instituciones del Estado.

La conducta que ya desde ahora exhiben estos estudiantes, futuros auxiliares de la Justicia, no hace sino repetir lo que hacen algunos dirigentes con cargos a nivel nacional. El ejemplo que tienen los jóvenes es que todo vale para capturar el poder, incluyendo recurrir a la práctica del soborno. Como si nada malo hubiese en eso.

Lo peor es que la impunidad y la poca condena social que tiene esta clase de comportamiento hace que se sientan habilitados a realizarlos sin ningún rubor, a la vista de todos, como muestra lo ocurrido en la UNA.

Muchos creían que, al dejar atrás la dictadura, se abandonarían automáticamente muchas prácticas que caracterizaron a esa época nefasta. Evidentemente, eso no será posible mientras personas averiadas sigan llegando a espacios de poder, con el aval de sus padrinos y protectores.

La falta de reacción de las autoridades y dirigentes que, uno cree, deberían preocuparse en evitar dar la imagen de que no les importa y no están dispuestos a cambiar este estado de cosas, revela que solamente la gente, con sus denuncias o su movilización, podrá poner freno a la prepotencia, el autoritarismo y los hábitos mafiosos que exhiben algunos personajes.

mcaceres@abc.com.py

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