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La semana pasada, el Tribunal Supremo de España dio a conocer una sentencia cuyo texto completo, que no puedo transcribir por falta de espacio, se tendría que distribuir entre la clase gobernante y obligarle a los políticos que lo lean y, sobre todo, que lo entiendan (¡qué ingenuidad!).
En Cataluña se vive desde hace un par de años un ambiente políticamente enrarecido a causa de una corriente de independentismo alimentado por un grupo de políticos mediocres que, explotando sentimientos chovinistas, han encontrado el mejor camino para aferrarse al poder y, de paso, ocultar graves casos de corrupción en la propia Generalitat (gobierno catalán). Dentro de este ambiente, han promovido el uso de la bandera independentista catalana, que es la misma de Cataluña (franjas horizontales rojas y amarillas) pero a la que se le ha agregado un triángulo azul con base en el mástil y una estrella blanca en el centro. Por este motivo la llaman “la estelada”.
La Sociedad Civil Catalana, que se opone a estos delirios independentistas, acudió al Tribunal Supremo ante el uso indiscriminado de esta bandera por lo que el TS acaba de emitir una sentencia que señala que “las administraciones públicas están obligadas a ser neutrales siempre” y se declara que “la bandera ‘estelada’ es partidista y que las votaciones que instan a la exhibición de este símbolo en los espacios públicos no se ajustan a la legalidad”.
En otra parte de la sentencia se lee: “Lo relevante no es que la bandera cuestionada pertenezca a un partido, o se identifique con una concreta formación política, sino que no pertenece a –es decir, no se identifica con– la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las Administraciones o Poderes Públicos constituidos en el Estado español, en la Comunidad Autónoma de Cataluña o en la provincia de Barcelona, y por tanto su uso por cualquiera de esas Administraciones o Poderes quiebra el referido principio de neutralidad, siendo notorio que la bandera “estelada” constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente empleado por aquellas fuerzas políticas que defienden esa opción independentista, pero carece de reconocimiento legal válido como símbolo oficial de ninguna Administración territorial, resulta obvio que su uso y exhibición por un poder público –en este caso de nivel municipal– solo puede ser calificado de partidista en cuanto asociado a una parte –por importante o relevante que sea– de la ciudadanía identificada con una determinada opción ideológica (aunque esta sea compartida por varios partidos o fuerzas electorales), pero no representativa del resto de los ciudadanos que no se alinean con esa opción, ni por consiguiente, con sus símbolos”.
Me tomé la libertad de esta larga cita porque la encuentro sumamente descriptiva de una situación que tiene mucho que ver con nosotros. Es frecuente ver fotografías de autoridades nacionales o municipales en las que aparece el escritorio del mandamás de turno y, flanqueando la mesa, la bandera nacional a un lado y la del partido Colorado en el otro. Es hora que aprendamos, gobernantes y gobernados, que en el momento que ese jactancioso político apoya sus asentaderas en la codiciada silla, no está representando a un partido, a sus seguidores y sus intereses, sino está representando a toda la ciudadanía. Desde allí tiene que responder a las necesidades de todos por igual y no aplicar lo que decía George Orwell en su célebre “Rebelión en la granja”: “Todos los animales son iguales aunque algunos son más iguales que los otros”. El fallo del Tribunal Supremo de España, dirigido a Cataluña, sin quererlo, nos ha tocado muy cerca y tendríamos que considerarlo.
jesus.nestosa@gmail.com