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Argumenta los motivos: “Su función profesional no es la de juez (...) Ni está investido de autoridad. El juez actúa en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Títulos que el periodista no puede alegar”.
Restrepo tiene razón, pero hay un problema igual a su razón: En nuestro país las instituciones no funcionan. Es por esta causa que la ciudadanía acude a la prensa, a veces como última esperanza, en busca de solución a su contratiempo que abarca un mundo de cuestiones. Desde los días u horas sin energía eléctrica y agua hasta los atropellos a sus derechos en la justicia; desde la falta de un puente, caminos en mal estado, plazas públicas abandonadas, hasta el robo del dinero de los contribuyentes que incluye el nepotismo.
Frente a estas y otras muchas irregularidades, la prensa se ve obligada a ser “un tribunal para determinar culpabilidades o inocencias.” ¿En qué momento se determinan las culpabilidades? En momentos en que la prensa, en posesión de documentos de innegable autenticidad, da a conocer a la opinión pública un caso, por dar un ejemplo, de corrupción que compromete a una conocida figura del ámbito que fuere, nacional o regional. La sola difusión de esos documentos ya establece culpabilidades. No hace falta, como quiere el maestro Restrepo, calificar el delito. Pero no está mal hacerlo. ¿Cómo llamaríamos a quien mata a otra persona? ¿Vamos a esperar que el juez, al cabo de meses o años, lo califique de asesino? ¿Cómo llamaríamos el caso de una mujer golpeada por su pareja? Naturalmente, feminicidio, que es una acusación correctamente hecha toda vez que la información viniere de la fiscalía o la policía.
El hecho de que un funcionario como Díaz Verón se vale –o se valía– de su cargo para llenar de parentelas la Fiscalía General del Estado no tiene otro nombre que el de nepotismo. Aunque no usemos esta palabra, solo relatando los casos ya los estamos calificando. Y si el periodista puede hacerlo, ¿para qué dejar que los lectores, oyentes o televidentes lo hagan? De todos modos, llamarán nepotismo al abuso del funcionario nombrado o electo.
¿Qué adjetivo podríamos usar para valorar la conducta, por ejemplo, de González Daher al frente del Jurado de Enjuiciamiento? Cuando se tienen las pruebas fehacientes, irrefutables, del tráfico de influencias, no queda más remedio que calificarlo de delincuente.
Si las instituciones funcionaran de acuerdo con la ley y la ética, no se cometerían tantos y graves delitos de los que la prensa tiene la obligación de ocuparse porque son de interés público.
Se dice también que los periodistas no deben atribuirse la función de fiscales porque no son fiscales. ¿Qué hacen los fiscales? Investigar un posible hecho punible para, si cabe, presentar acusaciones. ¿Qué hace el periodista? Investigar un posible delito, acopiar informaciones, documentos, pruebas, que llevan en sí mismas la acusación con la posibilidad, o la esperanza, de que un fiscal se interese por el caso.
De acuerdo con la realidad cotidiana, muchas personas tienen más accesibilidad en la prensa que en la fiscalía. Y como es más accesible, acuden a ella a exponer sus problemas de los que la prensa no puede, no debe, desentenderse. Muchos casos llegan a la justicia gracias a las publicaciones periodísticas.
Con la debida disculpa del maestro Restrepo, por lo menos en nuestro país, frente a tantos delitos, creo que los periodistas no abusan de su poder –si lo tuvieren– al llamar por su nombre al nepotismo, la corrupción, el feminicidio, el robo al Estado, el tráfico de influencias, el planillerismo, etc. Y junto con estos delitos, los nombres de sus autores a quienes, de todos modos, les importa un comino que aparezcan en la prensa como delincuentes. Siguen su vida con toda normalidad, o sea, sin una pizca de vergüenza.