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Hay deudas que ninguno de los gobiernos posdictatoriales asumió. Entre ellas la reparación por violación de derechos humanos, crímenes, torturas, atropellos y el despojo que sufrieron miles de paraguayos durante la dictadura de Alfredo Stroessner y en tiempos de la transición hacia la democracia.
La Comisión Verdad y Justicia produjo en el 2008 un informe en el que se consignan datos precisos sobre cifras de muertos, desaparecidos, torturados, exiliados, ajusticiados, violentados, casos de despojos y apropiación indebida de extensiones de tierras y de bienes de las personas.
El informe habla de casi 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que fueron repartidas entre personeros de la dictadura.
Esos datos constituyen pruebas documentadas y fueron entregados a los tres poderes del Estado para la investigación, reparación y sanción a los responsables. Sin embargo, los organismos competentes como la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Parlamento, no impulsaron acción reparadora de esas violaciones.
En el caso de la justicia, la responsabilidad es más grave, puesto que responsables de torturas y violaciones de derechos humanos siguen en libertad. Solo unos pocos fueron procesados y sentenciados y hay casos en que algunos están a punto de quedar desligados de sus procesos. Todo gracias a la complicidad delictiva de administradores de la justicia.
También están aquellos que durante la dictadura y la posdictadura se enriquecieron impunemente y se quedaron con bienes y tierras públicos, y que en la actualidad ocupan importantes cargos en la administración estatal.
La impunidad que reina en nuestro país y la complicidad de la justicia y poderes políticos y económicos constituyen el soporte principal para que esas personas sigan esquivando la vara de la justicia y evitan responder por los latrocinios y crímenes cometidos.
Lamentablemente, la incapacidad de gestión, la corrupción, la complicidad, la venalidad de quienes integran los tres poderes del Estado conspiran para que la justicia y la reparación sigan siendo una utopía para miles de compatriotas y sobre todo para aquellas familias cuyos miembros siguen desaparecidos.
Estas y otras son las grandes deudas que el Estado paraguayo mantiene con sus ciudadanos y que constituyen verdaderos atentados a la convivencia pacífica y la necesaria vida digna que merece todo ciudadano.
epaciello@abc.com.py