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Hace unos días ABC planteó un sondeo en su página web sobre si los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral debían ser sometidos o no a un juicio político por haber prevaricado, al convocar a elegir a un intendente de Ciudad del Este sin que la Junta Municipal aceptara aún la renuncia de la intendenta.
En solo 24 horas la consulta recibió 15.088 votos, con el resultado de un aplastante rechazo al juicio político.
Pero el detalle fue revelador: 14.907 de esos votos, 98,8% del total, provino de solo dos direcciones de IP.
Es decir, un fraude digital para generar una sensación contraria.
Y un nuevo fraude, proviniendo de quienes tienen que proyectar transparencia, no hace otra cosa sino evidenciar que ya no puede existir confianza en quienes por el contrario deberían generarla.
Comenzaba diciendo que ocurrió una vez más, porque con anterioridad al publicar un comentario sobre la Justicia Electoral, desde perfiles en Facebook respondieron casi simultáneamente al minuto de haberlo subido a la página digital del diario, como si tuviesen un sistema de detección de palabras clave y respuestas automáticas.
Fue solo cuestión de entrar a mirar los perfiles para constatar que efectivamente estaban llenos de posteos uniformes y réplicas masivas y monotemáticas sobre el TSJE.
Un ejército digital de quienes parecen dispuestos a jugar en todos los frentes para seguir atornillados a sus sillas, más allá del vergonzoso último episodio que los tuvo como protagonistas.
Convocaron a la elección de un intendente sin que la Junta Municipal aceptara la renuncia del anterior y se generara la vacancia en el cargo, algo que es imprescindible para la convocatoria.
Lo hicieron a horas de haber recibido una copia de la nota de renuncia y en momentos en los que se debatía, con muchas dudas y especulaciones, la posibilidad de intervenir la administración municipal.
Obraron además de mala fe, porque en el considerando de la resolución de convocatoria obviaron ex profeso el párrafo legal que obliga a que la Junta acepte o rechace la renuncia para generar la vacancia.
Y además lo hicieron utilizando como respaldo una acción judicial municipal que ya caducó.
Ante los cuestionamientos y varias entrevistas que desnudaron la falta de respuestas y argumentos, terminaron con este bochorno dejando sin efecto la convocatoria que habían generado en momentos de alta tensión política en Ciudad del Este, con una clara muestra de irresponsabilidad y funcionalidad al poder.
Esta semana 14 diputados finalmente firmaron el pedido para someter a juicio político a Alberto Ramírez Zambonini, Jaime Bestard y María Elena Wapenka.
De los 14, dos colorados, Juan Carlos Galaverna (h) y Ramón Romero Roa.
Mientras, el presidente Mario Abdo sigue en silencio sobre el tema, obligándonos a la argelería periodística de tener que preguntar a sus compañeros de movimiento si la relación familiar que tiene con su padrastro Alberto Ramírez Zambonini podría incidir en una decisión final.
Es hora de que el presidente se pronuncie sobre el tema.
guille@abc.com.py