Cargando...
La ley del ñembotavy, del mínimo esfuerzo, de la investigación en pausa buscando la prescripción del delito que muchos fiscales y fiscalas ejercen sin culpa alguna, parecería que ha logrado crear una casi perfecta organización que tiene como fin no hacer, impedir, desalentar. Muchos integrantes del Ministerio Público no impulsan los requerimientos para hacer su tarea, cumplir sus obligaciones, y ante los pedidos de acción tienen el silencio como respuesta, lo que implica que estamos acorralados por la indiferencia.
“En cuanto a 2014, el número de niños nacidos vivos en partos de adolescentes que manejó el Ministerio de Salud Pública es de 684 entre niñas de 10 a 14 años”, señala un informe emitido el mes pasado por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
Significa que ahí afuera hay 684 varones (machos) responsables de esos embarazos adolescentes. Son partos fruto de la coacción sexual y la violación, según el artículo 128 del Código Penal, que en su inciso 3° dice: “Cuando la víctima del coito haya sido una persona menor de dieciocho años de edad, la pena privativa de libertad será de tres a quince años”, (exceptuando los casos en los cuales el progenitor sea también menor de 14 años). Son 684 crímenes de acción penal pública, que quizás algunos estén investigados pero parece que la mayoría les tiene sin cuidado a los agentes fiscales.
¿Nos sorprende su haraganería? Creo que el esfuerzo de investigar ciertos casos les provoca pereza. Para indagar quién es el responsable de la gestación de una niña se puede llevar a cabo una prueba de ADN con el recién nacido y los varones de su entorno, ya que los estudios estadísticos revelan que este crimen usualmente se da en la casa o los alrededores, y la mayoría de las veces entre parientes y conocidos.
Será que muchos agentes fiscales, en lo más profundo de sus pensamientos, creen que la costumbre está por sobre la ley, que el destino de las niñas y mujeres es ser abusadas y violadas, que alguna actitud de la menor (o el menor en muchos casos) disparó el deseo irrefrenable de su padre, abuelo, tío, padrastro, padrino, vecino, que la víctima algo habrá hecho y es culpable? ¿Será que sus prejuicios les impiden investigar?
Busco explicaciones. Las necesito. No me resigno a la deserción, al que escape de sus obligaciones sin ninguna responsabilidad. Hay que inventar fuerzas para seguir luchando contra esta maquinaria experta en escapar de sus deberes. Siento que su actuar es provocativo y que nos dicen: “No existes”. “No me importa lo que piensas o haces”. “No puedes hacer nada en mi contra”. “Tengo poder, soy un miembro del Ministerio Público”.
Las víctimas de abusos suman al dolor de la violación, a su derecho a la libertad, a la integridad, a la dignidad, a la justicia, la impotencia del maltrato de la institución que debe interesarse en el tema. La indiferencia es una forma de maltrato, o destrato, como escuché últimamente.
Los abusos sexuales y los delitos conexos como complicidad y abandono de deberes son hoy una trampa legal, ya que si se denuncia el abuso, las madres corren el riesgo de ser acusadas por uno o por ambos; y si no se denuncia, también puede uno terminar imputado por los mismos delitos.
Tampoco importa nada de nada la revelación de secretos de personas con obligación especial (art. 228 C.P.) y los profesionales médicos por ejemplo, tienen permiso, facultad, posibilidad de ventilar públicamente, todos los detalles del himen o del ano de una víctima de abuso y violación, sin consecuencias.
En los delitos de abuso sexual y violación, lo usual es hacer la vista gorda. Cuando pienso que quiero un Ministerio Público diligente, cumplidor de sus obligaciones, me siento una niña que cree aún en los reyes magos.