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Pero dado el absurdo del innecesario adelanto electoral no sería imposible que La Habana haya urdido una estratagema para evitar complicarse con la crucifixión de Maduro, sustituyéndolo por Henry Falcón que —como Díaz Canel— podría ser un títere manejado por el castrismo y el Cartel de los Soles.
Recuérdese que la inconstitucional elección de Maduro1 fue reconocida por UNASUR en una Cumbre de emergencia (18.4.2013) convocada por Humala en Palacio de Gobierno (ver nota al pie con información de La República).
Casi de inmediato, el mandatario tuvo que bregar duramente para que el Congreso autorizara su viaje a la transmisión de mando en Caracas (contó con el decisivo apoyo de Toledo). Meses atrás (30.11.2012) Humala había presidido la IV Reunión del Consejo Presidencial de UNASUR (también en Palacio) que aprobó el Estatuto del Consejo Electoral bajo el cual se implantaron las acomodaticias misiones de “acompañamiento” electoral, práctica sistemáticamente utilizada por Chávez y Maduro para rechazar la observación imparcial de organismos como OEA o la Unión Europea.
Fue aún más grave que en la negociación del Tratado Constitutivo de UNASUR se excluyera la Carta Democrática Interamericana de las “bases jurídicas” enumeradas en el artículo 11 del instrumento fundacional. La Declaración del Cuzco (2004) —reconocida como su primer antecedente— considera que la Carta es un elemento principal para la promoción y defensa de las democracias sudamericanas.
No se comprende entonces lo fácil que resultó la victoria de los representantes y aliados del chavismo que consiguieron imponer su concepción radical y anacrónica del principio de no intervención, su pretexto favorito para no invitar ni aceptar misiones de observación electoral que verifiquen seriamente la limpieza de los comicios y el respeto al sufragio.
El 18 de abril pasado, los Cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú comunicaron al de Bolivia que no participarán “en las distintas instancias de UNASUR a partir de la fecha hasta tanto no contemos, en el curso de las próximas semanas, con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”. Es una decisión provocada por el caos que ha generado la ausencia de un secretario general desde el 1 de enero de 2017, y por la negativa de Maduro y Evo Morales a respaldar la candidatura del argentino J. Octavio Bordón (embajador en Chile y ex embajador en EE.UU.), a pesar del apoyo mayoritario de los miembros. Es una resistencia de origen político-ideológico que puede mantenerse indefinidamente, pues el artículo 12 del Tratado Constitutivo dispone que “Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso”. La Presidencia pro témpore, en manos de Bolivia, no convoca aún al diálogo que el impasse reclama con urgencia.
Si el veto a Bordón no se levanta, y si el artículo 12 no puede modificarse por falta de consenso, los seis gobiernos que han congelado su participación deberían encontrar alguna fórmula para resucitar a una institución que va a contrapelo de sus intereses, o plantearse, más bien, su ordenada disolución. Los contribuyentes ahorrarían lo que les cuesta mantener onerosas estructuras permanentes que no existen en mecanismos ligeros y eficaces de integración profunda como la Alianza del Pacífico. [©FIRMAS PRESS]
*Diplomático peruano.