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Autoridades del TSJE informaron que hay nueve solicitudes de creación de nuevos movimientos políticos y que cada uno de ellos presentó al menos 12.000 proponentes, es decir, ciudadanos inscriptos en el padrón electoral, habilitados para votar, pero en las últimas semanas aparecieron muchos casos de identidades robadas y firmas falsificadas en las listas de personas que, supuestamente, quieren integrar una nueva organización pública.
Lo llamativo del actual problema es que se descubrieron en las listas de proponentes extensas nóminas de funcionarios de alguna institución pública, estudiantes de una carrera específica de la UNA y empleados de determinados municipios. Esto significa que no hubo “errores” por casualidad o algún politicucho avivado que falsificó la firma de su hermana o de algún socio.
Esta vez se trata de una verdadera organización para delinquir porque se tomaron el “trabajo” de copiar y falsificar firmas de nóminas completas de funcionarios y estudiantes universitarios, cuyas identidades usurparon para presentar la petición ante la justicia electoral.
Otro dato llamativo es que, en algunos casos, no se trata de movimientos impulsados por ciudadanos desconocidos, sino de diputados actuales, exparlamentarios, antiguos jefes militares ahora retirados, etc. Son personas que quieren candidatarse a cargos públicos, pero que no cuentan con el respaldo de ningún partido político ya reconocido y entonces tratan de entrar por una puerta trasera falsificada.
Voceros del TSJE informaron que todos los ciudadanos que sufrieron este robo de identidad deben concurrir al local de la Justicia Electoral para llenar un formulario de denuncia que después debe ser presentado en la fiscalía por tratarse de un delito de acción penal pública. Esto no parece justo: robaron mi nombre, falsificaron mi firma y yo tengo que ir a hacer los trámites para salir del embrollo...
Deberían ser las propias autoridades del TSJE las que, a través de sus funcionarios, estudien el caso, detecten la doble o triple adulteración de nombres y firmas, rechacen las solicitudes así presentadas y denuncien el hecho punible ante el Ministerio Público.
Lo que pasa es que en nuestra realidad cotidiana, muchos violadores de la ley gozan de una impunidad indignante. No es la primera vez que inescrupulosos roban identidades y falsifican firmas de ciudadanos que ni están enterados del tema, pero, a pesar de haberse iniciado los procesos judiciales correspondientes, nadie está preso. Los documentos truchos duermen el sueño de los injustos en los cajones de fiscales y jueces complacientes con los malhechores.
El presente escándalo también irá al oparei, en este país en donde nadie gana ni pierde el honor, pues los políticos corruptos y la justicia transitan por vías paralelas que no se cruzan.