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Uno se pregunta en qué tipo de Estado vivimos si la Policía Nacional debe primero juzgar el mandato de un magistrado –a través del dictamen de su asesoría jurídica– antes de cumplir la orden.
Después de muchas vueltas, la comandancia fijó para el 26 de noviembre último el cumplimiento de la orden de desalojo. Pero, un día antes –25 de noviembre– se notifica que no se cuenta con helicópteros ni cantidad suficiente de efectivos para ejecutar el desahucio. Quedó suspendida la medida.
El 27 de noviembre, los invasores de las fincas en cuestión le dispararon con una escopeta calibre 12 al presidente de la comisión vecinal San Roque González de Santacruz, Odir Gobbi. La coordinadora es poseedora del título de propiedad de las fincas 80 y 240.
Uno se pregunta si la Policía Nacional no está sujeta a la Ley 4711 “Que sanciona el desacato a una orden judicial”. Hace cuatro meses dilatan el cumplimiento del mandato de una magistrada.
La ley castiga a los infractores con seis meses a dos años de cárcel o multa. La pena aumenta a cinco años de prisión, en caso de que el responsable sea un funcionario del Estado.
El Gobierno del “nuevo rumbo”, pregonado por el presidente Horacio Cartes, debería dar una solución definitiva al conflicto de larga data en Mcal. López, sin caer en los vicios de siempre, evitar nuevas muertes y hechos de violencia. Está en manos de las autoridades desactivar el polvorín en que se constituye Mariscal López y marcar de una vez por todas la presencia del Estado en el distrito que fue marginado por las sucesivas autoridades.
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