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En Villarrica, por el fuerte revanchismo entre el intendente marioabdonista Darío Ortellado y el gobernador cartista Rodolfo Friedman Alfaro, los funcionarios de la comuna guaireña -además de tener en la práctica la obligación de apoyar al jefe comunal y acudir a los mitines políticos- tienen prohibido pisar la sede de la Gobernación del Guairá. Caso contrario, pueden ser objeto de injustificados descuentos que en realidad sirven como una firme amenaza de despido para la próxima oportunidad. “Cuiden sus pucheros”, les repiten constantemente los “zoqueteros” con más experiencia en la función pública.
Situación similar sufren los funcionarios de la Gobernación. Son echados aquellos contratados que no comulgan con Friedmann Alfaro y, en caso de que sea personal nombrados, se los comisiona a la Escuela Agrícola de Villarrica, que funciona como el “freezer” de esta institución departamental.
Pero en esta era digital, la situación en la Municipalidad de Villarrica llega a tal extremo que los funcionarios deben ser cuidadosos de a qué foto o comentario le dan un “me gusta” en Facebook, porque si tienen referencia al grupo colorado oficialista, reciben una llamada de atención “desde arriba”.
Esta práctica común y descarada de las cúpulas partidarias atenta contra los principios de libertad de pensamiento y de expresión, consagrados junto a la libertad de prensa en el Art. 26 de la Constitución Nacional.
El intendente de Villarrica y el gobernador del Guairá, y en general los dirigentes políticos, demuestran que no les importan los derechos constitucionales, sino reafirmar, mantener y acaparar espacios de poder a costa del “puchero” ajeno.
gaston.ortiz@abc.com.py