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La Constitución es hasta si se quiere demasiado rigurosa con los deberes y atribuciones del contralor. Uno de los artículos se refiere a la obligación de denunciar a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente responsable por omisión o deviación, con los órganos sometidos a su control, cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia”.
En virtud de este artículo constitucional, no entiendo realmente cómo hicieron los anteriores contralores (excepto Fretes Ventre) para evitar la cárcel porque si deben denunciar “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones...” y la Constitución les obliga a controlar, vigilar y fiscalizar a exactamente todo lo que sea público, no hay forma de escaparse.
La Constitución no dice que controle, vigile o fiscalice solamente a algunas instituciones o hasta donde pueda o lo permitan los recursos disponibles. Además, el contralor es solidariamente responsable por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control “cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia...”.
Desviación, según averigüé, quiere decir ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico.
La cantidad de hechos de corrupción que estalla en la jurisdicción del Estado es abrumadora, algunos de ellos detectados por la Contraloría, otros no. Tenemos conocimiento de denuncias de corrupción elevadas por la Contraloría a la justicia pero nunca escuché que ningún contralor haya asumido responsabilidad solidaria ante casos de negligencia.
Como puede verse, el contralor debe ser nuestra garantía, nuestra seguridad para poder confiar y creer en las autoridades que hemos elegido, para que nos sintamos tranquilos frente a la rendición de cuentas que como ciudadanos no estamos en condiciones de revisar por cuenta propia y necesariamente debemos confiar en un intermediario.
El hecho de que el nuevo contralor haya surgido de una transa entre el oficialismo colorado y un partido muy minoritario, sin necesidad de miramiento sobre la cualidad del elegido y menos aún de su propuesta para ejercer tan delicado cargo, es tan grave como los antecedentes del flamante funcionario.
Enrique García, contralor general de la República, necesita con urgencia liquidar favorablemente el pleito judicial en el cual se lo acusa de sobrefacturar la compra de una fracción de tierras para indígenas, además de aclarar suficientemente el entredicho entre la Municipalidad y el Tribunal de Apelaciones con respecto a un pago millonario a la empresa Ivesur que a su vez tuvo una derivación en probable caso de falsificación de documento.
Si no lo hiciere en corto tiempo, tendremos al frente de la institución que debe transmitirnos garantías de credibilidad, no a una persona íntegra y confiable sino a un sospechoso más de los múltiples casos de corrupción que soportamos todos los días y que además justificaría las múltiples especulaciones populares con respecto a quién dará las órdenes sesgadas y desde dónde para denunciar a los corruptos o para blanquearlos.
ebritez@abc.com.py