Cargando...
Como nunca, la terna para tan alto cargo fue el resultado de una ejemplar transparencia. El Consejo de la Magistratura llevó adelante una tarea que trascendió a la ciudadanía: esta intervino en el debate, opinó sobre el comportamiento ético y el grado académico de los postulantes. Fue público el pasado y el presente de los candidatos. Nada quedó en el tintero.
Cuando el Consejo de la Magistratura concluyó su labor, hubo como un respiro de alivio: el país iba a contar con un ministro –cualquiera que saliese de la terna– capaz de introducir aire fresco en una institución en la que ya nadie confía.
Los nombres de los elegidos llegaron al Senado, que se inclinó por uno de ellos: el doctor Linneo Ynsfrán
La Constitución Nacional de 1992 creó el Consejo de la Magistratura a fin de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en su idoneidad…” (Art. 264). Quisieron los convencionales constituyentes sepultar la dictadura del Poder Ejecutivo, que con un simple decreto nombraba a quien pudiera serle incondicional.
El Consejo de la Magistratura cumplió sobradamente con la República al presentar al Senado una terna incuestionable o, por lo menos, que ha pasado por la vidriera pública. Se tenía la esperanza de que se acabara la intervención nociva del Poder Ejecutivo. Pero he aquí que aparece el señor Horacio Cartes y sepulta el espíritu democrático de la Constitución. Este mismo atropello ya lo había hecho Fernando Lugo.
Uno se pregunta: ¿Para qué tanto gasto, en dinero, tiempo y esperanzas, con el fin de conformar una terna basada, como manda la Constitución, “en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes”? ¿Qué sentido tiene la existencia de un Consejo de la Magistratura, y del propio Senado, si al final el Presidente de la República ha de imponer su voluntad?
La Constitución le permite al Presidente de la República vetar leyes. La designación de un ministro de la Corte no es ley.
Conocidos profesionales del derecho salieron a decir que el Presidente de la República actuó conforme con la Constitución. Solo no se pusieron de acuerdo en si la designación deberá recaer en uno de los dos que quedaron de la terna, o esta debe borrarse y comenzar de nuevo el proceso. ¿Comenzar de nuevo? De ser así, el doctor Ynsfrán ya anunció que volvería a presentarse. Y, seguramente, los otros dos, y los más de 50 aspirantes. Si el Consejo de la Magistratura es coherente, se entiende que volvería a presentar la misma terna. Y si el Senado también es coherente, volvería a designar al doctor Ynsfrán. Y si el señor Cartes es coherente, volvería a rechazarlo. Y así, en un disparate sin fin. Total, el país corre con los gastos y los desgastes.
El mencionado artículo 264, primera parte, agrega que el Consejo de la Magistratura elevará los candidatos “a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.
La designación que debe hacer la Cámara de Senadores es un mandato constitucional. No lo puedo esquivar, por ejemplo, agregando otros nombres a la terna o rechazarla. Y el Ejecutivo tiene la orden constitucional de dar su acuerdo a la persona designada por la Cámara de Senadores.
Desde el sentido común, no cabe otra interpretación. Si no, estaríamos de nuevo en manos de un dictador que elige a su antojo a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y no fue esta la intención de quienes redactaron y sancionaron la Constitución. La Convención Nacional Constituyente contó con personas calificadas y patriotas como para concebir un Poder Judicial, según sus conocimientos jurídicos y experiencias, alejado lo más posible de algún presidente de la República extravagante que quisiese confeccionar una justicia a su medida. Con la actitud sectaria de Cartes, el país vuelve al pasado, al viejo rumbo.
alcibiades@abc.com.py