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Otro recurso definitivamente gravitante en esta lucha es la administración de la justicia, también estrechamente relacionada con la educación y formación de los profesionales del Derecho. Si la educación y la administración de justicia son y están invadidas por la corrupción, como en nuestro país, el panorama presente y el futuro de los paraguayos es trágico.
Para entender bien cómo la educación paraguaya está inmersa en la corrupción voy a explicar brevemente cómo se entiende oficialmente la educación en nuestro país.
La Constitución Nacional dice que entiende la educación como sistema y como proceso (art. 73). Como sistema se refiere al sistema educativo, cuya estructura fundamental describe la Ley General de Educación (art. 11b); y como proceso se refiere a los procesos educativos con y de los educandos de los distintos niveles, y modalidades desde el nivel de la Educación inicial, la Educación Escolar Básica y Educación Media, hasta el nivel de Educación Superior, aparte de los procesos de la Educación familiar.
La Constitución (art. 75) afirma que “la educación es responsabilidad de la sociedad y, en particular, recae en la familia, el municipio y el Estado”. Los responsables en las familias obviamente son los padres; en los municipios son los intendentes y en el Estado es el Ministro de Educación con el Presidente de la República.
De la corrupción en la educación familiar no tenemos datos, porque no hay investigación. Podemos sospechar que en los hogares donde las cabezas de familia son públicamente identificadas como corruptos es de imaginar que los hijos estén aprendiendo las mañas de sus padres. Algunos casos son conocidos porque padre e hijo han sido procesados judicialmente.
De la corrupción entre intendentes hay para hablar, porque no pocos de ellos han malversado, por ejemplo, los fondos de Fonacide o royalties. Esto sin contar la pasividad total de la mayoría de los intendentes en cuyos municipios nada se hace en educación a pesar de su obligación constitucional y legal por su Carta Orgánica.
La más grave y escandalosa corrupción está en la educación formal administrada por el Estado y gobernada por el Ministro bajo las órdenes del Presidente. Desgraciadamente la corrupción ha contagiado a muchos componentes del sistema y a muchos responsables de los procesos educativos. Hay corrupción en sentido estricto, la que se refiere a las autoridades y los funcionarios públicos; y hay corrupción en sentido lato, la que se refiere a cualquier tipo de agresión a la ética de los actores del escenario de la educación, aunque no sea en función de su responsabilidad pública profesional, p.e. incumplimiento de obligaciones ciudadanas, comportamientos sociales inmorales en sus relaciones afectivas, etc.
Imposible en tan breve espacio dar cuenta de todos los focos de corrupción en el sistema y en los procesos educativos, pero para muestra bastan algunos botones.
Es corrupción, destructora de la educación, usar el MEC y los Consejos Departamentales como oficinas y espacios de empleo para ubicar a los favoritos de políticos de los partidos políticos en el poder. No hay meritocracia profesional, sino prebendarismo político. Tanto más grave cuanto mayor sea la incompetencia del beneficiado y más alto el cargo.
En tiempos del Presidente Fernando Lugo tuvimos tres ministros en cuatro años, pasamos de tener diez directores generales a ciento diez directores generales, de algo más de doscientos supervisores a alrededor de los quinientos. Evidentemente no por necesidad del sistema ni para mejorar los procesos, sino por intereses políticos de las autoridades en el poder.
Independientemente del dinero que se viene robando en el MEC, que en treinta años debe sumar miles y miles de millones, el robo más profundo es el que implica el empobrecimiento real de la pedagogía y la educación y del valor y dignidad de la profesión.