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César Balbuena fue uno de los primeros jefes comunales en recibir los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide), que debían ser invertidos exclusivamente en educación. En el primer año, 2012, utilizó parte de los recursos para comprar pandulce y gaseosas para distribuir entre los niños de escasos recursos de la zona.
También había declarado la compra de 15 computadoras, de las cuales solo 11 fueron entregadas a las instituciones educativas de la zona. Se desconoce el paradero de las cuatro restantes.
En el 2014 el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) lo despidió “por haber incumplido con sus obligaciones como educador”, ya que tenía seis rubros. Cobraba como docente de varias instituciones a las que no asistía, aunque en su momento aseguró que ponía reemplazantes.
Balbuena es el primer exintendente de Cordillera acusado por supuesta malversación del Fonacide. El perjuicio patrimonial contra la Comuna es G. 303 millones, según la Fiscalía.
Fue imputado en marzo del 2015 y estuvo con prisión preventiva por unos 10 diez días y luego fue beneficiado con medidas sustitutivas.
En el informe pericial del laboratorio forense del Ministerio Público se determinó con certeza, conforme a la documentación analizada, que los acusados incurrieron en el delito de lesión de confianza. El caso registra una llamativa dilación de la Corte Suprema de Justicia, ya que, en diciembre del 2018, presentó una inconstitucionalidad que debía ser resuelta en 10 días y tardó nueve meses.
Ahora, el tribunal integrado por Hilda Benítez (presidenta), Liliana Ruiz Díaz y Alfredo Benítez Fantilli tiene a su cargo el juzgamiento. La pregunta de la ciudadanía es: ¿Se hará justicia?