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Al abogado chileno Francisco Segura Riveiro no le llamó la atención demandar en nombre de un mecánico que reclama G. 2.200.000.000. El profesional está contratado como asesor de la Corte Suprema de Justicia y también del Consejo de la Magistratura desde el 2010. Según el Código de Organización Judicial, tiene prohibido ejercer la abogacía por ser asesor de la Corte, lo que lo pone en la posibilidad de ser juez y parte. Cuando el domingo a la noche se contradijo diciendo que no era abogado de Víctor Bogado... pero después dijo que sí lo era, y cuando también se contradijo sobre el monto del cheque reclamado por un mecánico, le preguntamos: “Por última vez, el dinero que prestaron, ¿son fondos de Carballo o son fondos del senador Víctor Bogado? “Yo no lo sé, no tengo idea”.
O muy sincero, o muy evasivo, lo cierto es que Segura dijo que no era abogado del senador Víctor Bogado. Recién cuando le recordamos que ejerció su defensa en varios ámbitos en el 2013, cambió su argumento y aceptó que fue su abogado y hasta hoy día lo consulta.
Lo que también es cierto es que cuando Segura Riveiro ejercía la defensa del entonces diputado Víctor Bogado, el letrado ya era asesor la Corte Suprema de Justicia en un momento en que se debatía jurídicamente la situación procesal de Bogado. Casado con una jueza, hija de Florentín López Cáceres (extitular del Consejo de la Magistratura), las conexiones de Segura son al más alto nivel del Poder Judicial. Según su registro de funcionario público ha estado cobrando salarios en el rubro 145 por asesorar a la Corte y en el Consejo de la Magistratura también, unos 13 millones mensuales en el 2010. En noviembre del 2011 cobró G. 30.000.000, otros 30.000.000 en diciembre del 2012.
Segura es quien demanda por el cobro del préstamo que otorgó Carballo a una persona del ámbito político. El préstamo fue en dólares, al contado y en efectivo. La tasa, en dólares, solamente comparable a la usura al más alto nivel: De 2,8% mensual más intereses punitivos de 0,50% según contrato.
La deuda inicial fue de USS 300.000 (más de G. 1.000 millones en el momento); este monto terminó convertido en G. 2.200.000.000 según el cheque que se presentó ante la justicia. La jueza Rocío González hizo lugar a la demanda de Segura y ordenó trabar embargo sobre el sueldo del deudor. La jueza agregó al monto exigido la cantidad de G. 220.000.000 en concepto de gastos de justicia.
mabel@abc.com.py
Fotos Gustavo Machado y extraídas del Facebook