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Los ministerios que integran el Gabinete Social del Poder Ejecutivo se reunieron hace ocho días, en Palacio de López, para repasar los programas y afinar una mayor coordinación en la ejecución de los programas del Sistema de Protección Social (SPS), creado por el Gobierno.
En la ocasión, Hugo Cáceres, ministro asesor de la Unidad de Gestión Presidencial, informó que un total de 91 programas involucran a 27 instituciones, mediante un presupuesto de 4.500 millones de dólares.
Precisó que las áreas prioritarias son las de educación, salud, vivienda, adultos mayores, entre otros.
Refirió que el sistema tiene tres ejes que incluyen la reducción de la pobreza, la inserción laboral y la previsión social.
Cáceres indicó que “uno de cada cuatro paraguayos está en la pobreza, seis de cada 10 en la informalidad y que ocho de cada 10 no están dentro del sistema de previsión social”.
En la ocasión, el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, señaló que el Programa Tekoporã tiene actualmente 160.000 beneficiarios. Y que el objetivo del Gobierno es bajar la cantidad de personas en Tekoporã e insertarlos en los programas de inserción laboral y previsión social.
Una muestra de la ausencia del Estado es que proliferan los hogares y comedores solidarios que realizan “malabarismo” para dar de comer a cientos de abuelitos que no tienen un plato de comida cada día. En Bañado Sur, el Karu Renda suple la función del Estado ausente y da de comer los domingos a 100 abuelitos que viven solos, y ante la necesidad extrema la coordinadora pidió la ayuda solidaria para asistirles diariamente. En este sentido, urge habilitar más hogares públicos donde se proteja en forma integral a los abuelitos sin familia.
Además hay cientos de ancianos abandonados a su suerte que viven en los dos únicos hogares públicos de la capital, que sin sus familiares viven la última etapa de sus vidas lejos del cariño de los hijos y los nietos.
Según datos oficiales, el Paraguay cuenta con 465.000 adultos mayores de 65 años o más. Sin embargo, datos extraoficiales señalan que son 800.000 y el 90 por ciento no tiene ningún ingreso, según Ida Sofía Díaz, de Acción por los Derechos del Adulto Mayor (ADAM), entidad que brega por el sector desde hace 20 años.
La luchadora social nos contaba en sendas notas publicadas en nuestro diario el calvario que sufría Celia González (82) y su marido, quienes pusieron su casa de Roque Alonso a nombre de uno de sus siete hijos, y este les desalojó y quedaron en la calle, sin protección alguna. Otros ancianos eran abandonados en el fondo de una casa, sin alimentación adecuada, asistencia médica ni personal.
“Pareciera que somos la generación invisible. Nadie nos hace caso. El Estado se desentiende de nosotros al igual que miles de las familias del país”, lamentaba doña Ida, de 88 años, en una de sus visitas a ABC.
“No hubo puertas de instituciones públicas que no golpee. Para el anciano no hay plata, nadie le da bolilla. Pareciera que nunca van a envejecer las autoridades nacionales”, se lamentaba a la vez de reiterar un salario digno a los jubilados como ella. Que se equipare al sueldo mínimo legal vigente a G. 2.100.000, según los arts. 103 y 57 de la Constitución Nacional.
A esto se suma la falta de reglas claras para acceder al beneficio los adultos mayores de 65 años y más. Que si bien, equivale solo al 25% de un salario mínimo ( G. 528.141) puede hacer la diferencia entre acceder o no a un plato de comida o cuando están enfermos comprar algún medicamento, porque los hospitales públicos están desabastecidos.
Datos del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que solo en 2018 se destinaron G. 1,16 billones; sin embargo, varias denuncias hechas a los medios masivos de comunicación señalan que los sectores más vulnerables no acceden al beneficio.
eolmedo@abc.com.py