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El proyecto que cuesta US$ 18 millones al país durante el gobierno de Horacio Cartes y la administración del ministro saliente Antonio Barrios fue aprovechado para emplear parientes cuyas funciones nada tienen que ver con la misión de “eliminar criaderos de mosquitos”, y también ayudó para negocios con los amigos.
La firma VTG SRL, de Rubén Darío Vera, es uno de los contratistas preferidos del proyecto antidengue. El mismo es hermano masón del administrador del proyecto y director financiero de Salud, Sergio Forte.
Para combatir el dengue, Salud y PNUD contrataron al hermano masón de Forte para proveer sistema de automatización de turnos, relojes biométricos y software de gestión de recursos humanos. Unos G. 7.200 millones se adjudicaron calladamente a Vera, quien hasta ahora no terminó de cumplir con su obligación.
Un informe de la propia oficina de auditoría de Salud revela que el sistema de gestión de recursos humanos de 9 módulos contratados por G. 1.500 millones, el proveedor, a medias, implementó dos. El contrato data de noviembre del 2015, hace un año auditoría remitió este informe a la Asesoría Jurídica del Ministerio, a cargo de Rocío Brítez, amiga incondicional de Antonio Barrios, hoy candidato a senador detrás de HC.
Brítez dejó hace unos meses el cargo y su sucesor Pablo Lezcano, al ser consultado ensayó lo siguiente: “Efectivamente nosotros recibimos el informe de auditoría y de ahí oficiosamente también iniciamos una investigación, no abrimos directamente un sumario administrativo, porque no tenemos directamente identificados qué sumariar y a quién. Hasta ahora no encontramos un hecho irregular concreto en cuanto a lo administrativo; sin embargo, hay cuestiones técnicas de índole informático que no estamos descifrando”.
Según Lezcano, pedirá la intervención de la Senatic porque “según la gente de RR.HH., algunos no se pusieron en funcionamiento y, según la empresa, esto va a funcionar. En esa situación es que pedimos a Senatic que nos diga si esto va a funcionario o no”.
Preguntado cómo es que no encuentra irregularidad en lo administrativo, cuando el contrato establece que los 9 módulos tenían que estar en funcionamiento ya en marzo del 2016; Lezcano dijo: “Sí, podría ser que la empresa entregó el software, ahora que no nos pongamos de acuerdo en su funcionalidad es lo que estamos discutiendo”. Sin embargo, la firma cotizó la provisión de los software y los honorarios de expertos para la puesta en funcionamiento.