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Fue docente en aula por 14 años y hace 12 es supervisora de la Región 4, Zona 6 de Capiatá. Hace más de un año también trabaja en una funeraria. Cuando ocurre algún fallecimiento, se pone feliz, “con mucho respeto”, aclara, porque va a ganar algo de dinero para sobrellevar la difícil situación económica a la que le sometió la falta de justicia.
“Mercedes Martínez (abogada de la firma Marité SA, propiedad de Nicolás Xavier Jara Acosta y María Teresa Acosta de Jara, todos imputados) me robó doce cuotas de G. 866.916. Falsificó mi firma y a pesar de que ya pagué todo, sigo en Imformconf”, cuenta.
Carmen trabaja de 09:00 a 17:00 en la supervisión y si la llaman de la funeraria trabaja otras ocho horas más. Conduce el carro fúnebre, la ambulancia y está a cargo de la cafetería. También soporta el descuento compulsivo de su salario por otras empresas con las que sí acordó pagos en cuotas, por productos que adquirió. El problema es que a ella, como a otros miles de docentes, le hicieron embargos ejecutivos automáticos.
“Tengo dos hijos y a mi papá a cargo. Hay compañeras que perdieron su casa, otras se quedan sin luz, agua, no tienen para comer, están con cuadros de depresión o fueron abandonadas por sus parejas. Es caótica la situación. Nos sentimos impotentes y maltratadas”, dijo.
Carmen anhela justicia y agregó que el BNF mintió: “No hubo salvataje financiero”.