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Durante la dictadura stronista, los indígenas fueron víctimas de una cacería criminal para apropiarse de sus tierras. En la Región Oriental, los aché fueron masacrados en la década del 50.
Los supuestos estancieros, con el aval del régimen, los cazaban y sus cabezas eran exhibidos como trofeos, mientras que los niños huérfanos abandonados en medio de los charcos de sangre eran robados y vendidos en los mercados de Caazapá y Guairá.
En la década del 60, las agresiones a los pueblos indígenas apuntaron hacia el Chaco. Y las víctimas eran los ayoreos, para los blancos, los temibles “pytajovái”.
Estos nativos vivían tranquilos y en armonía con la naturaleza, sin embargo, eran asesinados por los terratenientes y por sus propios hermanos, quienes, adoctrinados por misioneros, querían la “conversión” de los “infieles”, los enfrentaban cuando que estos tenían sus propias creencias.
Hasta hoy, estos nativos sufren el atropello de los blancos y, lo peor, del propio Gobierno, como el caso de la venta de las tierras de la comunidad Cuyabia por parte del Indi, en violación de claros preceptos constitucionales que los protegen.
La década del 70 tampoco fue de paz para los nativos. Los últimos aché eran acribillados.
En tanto, la firma del Tratado de Itaipú fue, al mismo tiempo, la firma de la extinción de varias comunidades indígenas ava guaraní que vivían a lo largo de la ribera del Paraná. Estos nativos, al amparo de la dictadura, fueron expulsados de sus territorios.
En otros casos, fueron reubicados, pero como eran pobres y desprotegidos, se fraguaban trampas y se inventaban títulos “mau” y se les expulsaba fácilmente de su territorio.
Era de la Ley 904
En la década del 80, específicamente en 1986, se promulga la Ley 904, “Estatutos de las comunidades indígenas”, cuyo objetivo principal era asegurar la tierra para los nativos.
Con esta normativa se inicia un período de aseguramiento territorial.
Comenzaron a legalizarse tierras que ocupaban por años los tobas Maskoy, en Puerto Casado, y para los ayoreos en Alto Paraguay.
El avance de la colonización brasileña en el Amambay, en cambio, se cernía como otra amenaza para los pai tavyterã.
A finales del 80, con el advenimiento del proceso democrático el 2 y 3 de febrero, comenzó la etapa de los reclamos de la tierra.
Los oportunistas de turno se apropiaron de grandes extensiones y, al negárseles a los campesinos el derecho a la propiedad, el territorio indígena estaba en la mira de los labriegos.
En la década del 90 se aseguraron tierras para varias comunidades, pero al mismo tiempo la falta de acompañamiento impedía que los nativos pudieran aprovecharlas. Y al no tener asistencia para ser agricultores, recurrían a lo más fácil: vender sus montes y comenzaron las deforestaciones.
En 1992 se sancionó la nueva Constitución y al tema indígena se le dedicó todo un Capítulo. Fue otro logro que alcanzaron.
En su Capítulo V, por ejemplo, la Constitución defiende el territorio indígena. Pero dicha normativa aún es letra muerta.
En esta década comenzó el auge de la agricultura mecanizada. Los sojales no perdonaban montes.
Los indígenas, en cambio, eran sometidos a un terrible asistencialismo. Les repartían víveres “para no molestar y exhibir sus miserias en Asunción”.
Con práctica, de a poco fueron introducidos a la mendicancia, cuando que la solución era trabajar con ellos en sus comunidades y, con su cultura, a producir la tierra.
Arrinconados por los sojales, sin agua pura para beber y la costumbre de recibir migajas sin trabajar, comenzaron a desplazarse hacia la capital.
Antes venían solo para trámites de legalización de líderes o tierras. Sin embargo, ya se los veía mendigando en la calles y ocupando plazas.
Esta realidad se proyecta hasta hoy, y todo por la falta de una política que de a poco los introduzca a la cadena productiva.
Actualmente, los indígenas no solo mendigan. También han decidido vivir en la ciudad.
Hay más de 3.000 indígenas urbanos que ya no quieren retornar al campo porque aquí, como dicen, “por los menos podemos enviar a nuestros hijos a las escuelas y recibir una mejor atención a la salud”.
Los presidentes del Indi
Desde la promulgación de la Ley 904/86, muy poco fueron los presidentes del Indi que se destacaron en su gestión. En contrapartida, otros tuvieron desastrosas administraciones. Los políticos e improvisados siempre fracasaron. Por ejemplo, Valentín Gamarra –durante el gobierno Wasmosy– fue procesado y condenado por defraudación al Estado. Compró tierras inexistentes. Fue denunciado por su sucesor, Julio Colmán.
Por el Indi, también pasó el seccionalero Óscar Optaciano Villamayor –durante el gobierno de Duarte Frutos–, quien ni siquiera sabía qué regiones ocupaban los nativos.
El más reciente escándalo para el indigenismo paraguayo ocurrió durante el gobierno liberal de Federico Franco. Este nombró como titular del ente al improvisado Rubén Quesnel. Se había presentado como exauditor del Indi y que “conocía perfectamente la realidad y el manejo del indigenismo”.
A pocos meses de su asunción, cometió lo que nunca hizo otro funcionario que estuvo en el ente: vendió un territorio indígena en el Chaco. Ahora está procesado. Los indígenas también ya tuvieron su oportunidad. Fernando Lugo nombró a Margarita Mbywangy, y el cargo le quedó grande.
Estos son hechos que sucedieron en el indigenismo, y la experiencia demuestra que en este sector muy humilde no se puede improvisar. Cartes debe elegir a un conocedor del tema y apostar por su honestidad para revertir la triste historia de los nativos. Paralelamente, desde el Gobierno central se debe promover apoyo a políticas de producción para que los nativos sean agricultores, ganaderos y artesanos de manera que también puedan acceder a una vida más digna.
Un craso error sería designar a un político y a los eternos pescadores de río revuelto.