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El Grupo Impulsor Gran Asunción (GIGA) sostiene que cada inundación conlleva un gasto directo promedio de 30 millones de dólares. Esta alianza interinstitucional de más de 30 organizaciones criticó en un comunicado el veto parcial de la Intendencia con relación a reducir la cota a 57,19 m, porque “no atiende el tema de fondo del problema y en nada modifica la situación anómala creada con la aprobación de parte de la Junta Municipal de la Ordenanza en cuestión, convirtiéndose en una engañosa medida para confundir a la opinión pública”. Aduce igualmente que el fundamento del veto va en contra de las leyes vigentes vinculadas a la materia y por tanto también es inconstitucional.
El GIGA pide a la Junta Municipal la revisión de todo lo actuado en la materia, el rechazo de dicho veto parcial de la Intendencia y la anulación de la Ordenanza 532/15, “reciente e infelizmente aprobada”.
Igualmente, solicita a las autoridades nacionales y municipales que el tema de las inundaciones de los Bañados de Asunción se encare en forma seria mediante la aplicación de una solución definitiva, sostenible, integral y para todos.
Antecedentes
Tanto la Intendencia como la Junta Municipal de Asunción entendieron que permitir el loteamiento del río era la mejor manera de “garantizar la gobernabilidad” para poder seguir con los proyectos del Plan Maestro de la Franja Costera, y actuaron en consecuencia.
Dieciocho de los veinticuatro ediles de Asunción fueron los responsables de la ilógica decisión de bajar la cota (nivel de zona habitable con relación a la altura del río) a 57,19 metros en vez de elevarla.
Con esta resolución, según manifestaciones de los concejales Elvio Segovia y Víctor Otilio Sánchez, quienes también votaron a favor de la propuesta, se exige más presencia del Estado y de la administración municipal en los bañados, se garantiza el clima de gobernabilidad, a fin de poder proseguir con el Plan Maestro de la Franja Costera, y que los bañadenses obtengan una documentación que les certifique su residencia en esos lugares (es decir, en medio del río).
Aseguraron que bajar la cota no significaba que las ocupaciones se extenderían hacia el lecho del río sino que las familias podrían legalizar sus asentamientos que de hecho ya existen hasta ese nivel.
La propuesta de reducir la cota fue fruto de un dictamen de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, basado en una serie de notas remitidas por coordinadoras de los bañados.
Durante la sesión del 22 de abril, la mayoría de los ediles resolvieron, por votación nominal, reducir la cota a 56 m. Luego la Intendencia la vetó parcialmente, modificando la cota en 57,19 metros, decisión que finalmente se impuso.