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“Los amparos se dan generalmente para la provisión de medicamentos que el IPS no tiene en su cuadro básico. Es decir, se tienen que comprar, tiene un procedimiento legal, pues, nos debemos a Contrataciones Públicas. Igualmente, no nos esperan y nos denuncian por desacato”, subrayó la profesional.
Indicó que también se dan amparos por procedimientos costosos que no corresponden al paciente que los solicita, por ejemplo, por no contar con la antigüedad necesaria. Entre ellos se cuentan hemodiálisis, terapia intensiva, intervenciones quirúrgicas, como la colocación de stents, etc.
Llanes sostuvo que al parecer los amparos judiciales solo afectan al IPS. “Desconozco que haya amparos contra el Estado por ejemplo e incluso contra sanatorios privados”, agregó.
Insistió que además de la respuesta a la presentación de amparos, el ente debe comprar remedios costosos como los biosimilares para tratar el cáncer.
Llanes dijo que es cierto que la Constitución Nacional garantiza la vida en primer lugar, pero agrega que “la vida de los demás asegurados también importa. Miremos en forma global la salud de las personas, no en forma aislada”.