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“Todo concurso requiere el debido proceso cuando hay alguna información extraoficial de que pudo verificarse la filtración de temas o preferencias”, explicó Peralta.
Agregó que la decisión del ministro Antonio Barrios de suspender las evaluaciones y ordenar la intervención de la Dirección de APS fue acertada. “Acompañamos la resolución de no proseguir con un proceso que no estaba bien. Se está investigando y si corresponde habrá casos de sumarios administrativos… Hay muchos intereses también en este tema y Salud no es la excepción de las presiones que habrán de existir todavía”, dijo.
Reconoció que la clase política insiste en promover la contratación o nombramiento “sin ningún criterio de mérito”.
Reiteró, sin dar nombres por no tener pruebas, que parlamentarios y gobernadores “metieron la mano” en este concurso del Ministerio de Salud con el objetivo de digitar las contrataciones de personas que no cumplieron los requisitos establecidos.