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“El otro día una persona nos solicitó asistencia, porque debía realizarse una operación para que se le coloque un marcapasos. El sanatorio que trabaja con el seguro le presupuesto este aparato en G. 19 millones. Sin embargo, el afectado consiguió el mismo insumo por 10 millones. El centro asistencial le dijo en principio que no podía aceptar ningún aparato que no venga de la farmacia interna. Una vez que la Defensoría del Pueblo intervino la empresa accedió”, comentó el abogado Miguel Godoy, titular de la citada institución pública.
Agregó que no es el primer caso en donde intervienen. “Incluso, hay casos en hospitales públicos, donde obligan a pacientes a comprar los medicamentos más caros y las prótesis de mayor costo. Esto no es legal, pero muchos acceden por ignorancia, por apuro, o porque los profesionales de blanco le dicen que los productos más baratos no tienen garantía de calidad y efectividad”, señaló.
Recordó que la Defensoría del Pueblo impulsa un proyecto de ley que busca prohibir que los sanatorios privados y seguros médicos, mediante disposiciones unilaterales, comercialicen medicamentos e insumos de las farmacias internas a sus pacientes. Pretende además establecer la obligatoriedad de la publicación de los precios de fármacos en lugares visibles. “Los fármacos son un bien esencial para la vida, pero el precio es fijado discrecionalmente. Existe una gran cantidad de publicaciones periodísticas sobre abusos en la comercialización de fármacos e insumos”, dijo.