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Fúster, quien en noviembre fue designada para llevar adelante la pesquisa, ayer acudió a 5 de los 21 inmueble que Ferrer detalló que tiene, 17 de ellos en San Lorenzo y cuatro en Itá y Villeta. La agente dispuso la realización de una pericia de tasación a los efectos de poder determinar si los inmuebles cuentan con mejoras significativas. Este trabajo está a cargo de la perito del Ministerio Público, arquitecta Olga Fleitas.
La tarea continúa hoy en el Balneario Popeye y mañana en otros inmuebles, para posteriormente realizar una pericia contable que, según dijo, es determinante en este tipo de hechos. Luego se fijará fecha para la declaración indagatoria del ex jefe comunal, mientras que ya cuenta con algunos informes bancarios y otros.
La denuncia por enriquecimiento ilícito había sido formulada ante el Ministerio Público por cuatro concejales liberales de aquel entonces: Federico Franco Alfaro, Osvaldo Gómez, Elvio Caballero y Alberto Quintana (los dos primeros fueron reelegidos). El candidato a intendente por el PLRA en aquella época, Julio Benítez, también acompañó la queja.
La causa había recaído en la unidad de María Genoveva Figueredo, quien no realizó diligencias importantes. Por esta razón, grupos de vecinos organizados habían realizado varias manifestaciones y reclamaron en múltiples ocasiones al entonces fiscal adjunto Patricio Gaona, quien les mostró a los ciudadanos indignados una nota por la cual, tras una auditoría, instó a la agente a esclarecer lo denunciado y a llegar a un acto conclusivo, hasta que el caso pasó a Asunción, a cargo de Fúster.