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“Creemos que en este caso, la Fiscalía General, si quiere hacer bien las cosas, debe designar a un fiscal anticorrupción para que indague. Preocupa que quede a cargo con los agentes de la zona porque ahí ellos están metidos en cierta forma”, dijo Bueno Jara.
Asimismo, el abogado recordó que los hechos denunciados por la propia Corte Suprema “son gravísimos”, ya que entre otras cosas se corroboró la “desaparición” de un cargamento de evidencias por valor de US$ 1,5 millones. “Están metidas muchas personas de poder. hablamos de sumas millonarias y se debe tomar una medida ejemplar”, dijo. Por otra parte, indicó que la jueza Elsa Idoyaga, interina del suspendido Alberto Sosa, estaría recibiendo amenazas, al igual que sus hijos.
El fiscal José Martín Morínigo, de Luque, indaga este caso y señaló ayer que ahora se encuentra abocado a definir si el caso es “penal o administrativo”.