Resuelven si se ordena liberar o no los fondos para Defensoría Pública

La Corte Suprema de Justicia debe resolver si ordena o no la liberación de fondos para el pago de salarios a 245 funcionarios de la Defensoría General. La cuestión fue planteada por la defensora general Noyme Yore en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida por el decreto que reglamenta el presupuesto general del corriente año.

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La defensora general sostiene que el Ministerio de Hacienda realizó una interpretación errónea del referido decreto, que en su artículo 104 menciona que los cargos nuevos serán incorporados gradualmente en planilla a partir del mes de marzo para el ejercicio fiscal 2013.

Yore afirma que como consecuencia de esta situación, 245 funcionarios administrativos no podrán cobrar sus salarios del corriente mes y el siguiente, sino recién a partir del mes de marzo. Según los datos, estas personas tienen un salario promedio de G. 10 millones.

La defensora general explicó que no se trata de personales recientemente nombrados, sino de funcionarios que ya prestan servicios a la institución, puesto que los cargos que ocupan fueron creados el año pasado.

En su acción, Noyme Yore sostiene que los artículos cuestionados desconocen la autarquía presupuestaria y la autonomía que le concede la nueva ley de la Defensoría Pública.

El Ministerio de la Defensa Pública tiene actualmente más de 1.500 funcionarios, sin contar los 245 funcionarios administrativos ya citados.

La sala constitucional está integrada por los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro. A la fecha, los dos primeros están trabajando, no así la ministra, que estuvo en la primera quincena.

En consecuencia, para el estudio de la medida cautelar requerida, la sala deberá integrarse con el ministro César Garay Zuccolillo, de la sala civil.

LOS CUESTIONAMIENTOS

“Los artículos cuestionados establecen restricciones que impiden un normal desenvolvimiento a la gestión administrativa del Ministerio de la Defensa Pública, vulnerando abiertamente los principios y normas constitucionales y legales que establecen la independencia del Ministerio Público...”, refiere la acción.

Por Ley Nº 4423/11, el Ministerio de la Defensa Pública goza de autonomía normativa y funcional, así como de autarquía financiera en la administración de sus recursos. El presupuesto actual del Ministerio de la Defensa Pública es de unos G. 240.000 millones, para pago de salarios, compra de bienes, construcciones, etc.

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