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Este caso es promovido por la Fiscalía General contra Martínez Prieto y el también camarista Emiliano Rolón Fernández por otorgar la absolución a los 11 condenados en primera instancia por la masacre ocurrida en Curuguaty, hecho registrado el 15 de junio de 2012, en el cual murieron seis policías y once campesinos.
El camarista había solicitado a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que en el día de la sesión resuelvan su situación, cuestión rechazada ya que recién en el plazo de 15 días darían a conocer la sentencia que puede ser de absolución, apercibimiento o remoción.
El camarista Cristóbal Sánchez, había votado en disidencia, para que la causa fuera reenviada y se realizará un nuevo juicio oral.