Los agentes piden un año de suspensión condicional del procedimiento a prueba más la reparación social de G. 20 millones, con el criterio de que el letrado colaboró desde el primer momento con la investigación y su aporte fue necesario para que Villalba caiga en flagrancia.

El juez Alcides Corbeta había dado trámite de oposición al primer pedido de los investigadores y ahora enviará el expediente a Fiscalía General del Estado.