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Al momento de pedir la suspensión condicional del procedimiento a prueba que beneficia al “mecánico de oro” Miguel Ángel Carballo, por cobro indebido de honorarios, el fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera envió los antecedentes a su adjunto Federico Espinoza para el análisis de procedencia de la investigación por enriquecimiento ilícito, seis meses después de haber abierto la pesquisa.
Una investigación periodística de ABC Color ya reveló que Carballo aparecía como propietario de la empresa Rocket SA, con un capital social de G. 5.000.000.000. La firma compró el shopping “Vía Bella” por G. 1.900 millones, en una exclusiva zona de Asunción. También, el “mecánico de oro” adquirió un departamento en la zona de Yacht y Golf Club Paraguayo por G. 450 millones. Asimismo, demandó civilmente a una persona por haberle “prestado” nada menos que US$ 300.000. Con todos estos indicios, Cabrera inició diligencias para saber su patrimonio, pero nunca amplió la investigación penal.
En ese sentido, el fiscal llegó a solicitar a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay que informe si Carballo poseía cuenta individual o conjunta con alguna persona física, o vinculada a alguna persona jurídica, ya sea vigente o cancelada, en un periodo de 10 años. Además, indagó en el Ministerio de Industria y Comercio si poseía marcas registradas a su nombre, o era titular de alguna firma comercial.
También, Martín Cabrera pidió a la Dirección General de Registros Públicos informes sobre inmuebles a su nombre o juntamente con otras personas y a la Dirección del Registro de Automotores, sobre los rodados a su nombre de forma personal o conjuntamente con otra persona.
Las contestaciones de estas dependencias públicas nunca salieron a la luz y ahora se aguarda el dictamen de la directora de Delitos Económicos, Patricia Doria, sobre la apertura o no de la causa por enriquecimiento y lavado de dinero.
En el caso de planillerismo, Carballo admitió el doble salario en la Municipalidad de Asunción y la Cámara de Diputados y ofreció devolver G. 100 millones para “zafar” de un juicio.