Millonario embargo y restricción de disponer de bienes en caso Llorens

Embargo de 15.000 millones de guaraníes y prohibición general de vender y gravar bienes son las medidas decretadas por el juez penal de garantías Rubén Ayala Brun contra tres sospechadas de estafar a la ganadera Maris Llorens por más de US$ 3 millones. Se trata de Annie Victoria Gibbons, Fabiola Bareiro Gibbons y Carmen Teresa Pino González, todas funcionarias de la firma Viradolce SA, actualmente prófugas de la justicia.

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Tras dar apertura al proceso por millonaria estafa a la empresa que se dedica a la cría, engorde y genética de bovinos y equinos, así como a compra y venta de ganados en general, el magistrado estableció las restricciones referidas como primera medida. Las procesadas son Annie Victoria Gibbons, suegra del viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Jorge “Turi” Cappello, quien se desempeñaba como auditoria externa; su hermana Fabiola Bareiro Gibbons, esposa del candidato liberal a intendente de Lambaré Armando Gómez, y Carmen Teresa Pino González, auditora externa.

Asimismo, citó a las procesadas a una audiencia de imposición de medidas a realizarse este jueves.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, uno de los abogados de Llorens, nos adelantó ayer que solicitará hoy al fiscal Miguel Vera investigar también a la funcionaria Carmen de Lourdes López Sosa.

“Carmen de Lourdes López Sosa era la auxiliar administrativa interna, ella llevaba cheques para hacer firmar a Maris Llorens y esos son los cheques que iban a parar no al proveedor, sino a las cuentas personales de Annie Gibbons y Fabiola Bareiro, según el informe del banco”, explicó el letrado.

Duarte comentó que también solicitará ampliar la investigación a las operaciones del año 2014, porque existe sospecha de que el desfalco sea mayor.

“Vamos a pedir al fiscal que solicite al Banco Itaú los informes sobre las operaciones del año 2014, porque lo que encontramos hasta ahora, G. 15.000 millones es de enero a agosto de 2015. Nosotros queremos que el banco remita a la Fiscalía informes sobre las cuentas de las procesadas y el detalle del movimiento”, acotó.

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