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Los ocho miembros del órgano juzgador estuvieron de acuerdo con el procesamiento de los fiscales, de los cuales cinco votaron por la suspensión.
Estuvieron a favor de la suspensión el diputado colorado Óscar Tuma, el senador Adolfo Ferreiro, el representante del Consejo, Enrique Riera, y los ministros de la Corte Raúl Torres Kirmser y Gladys Bareiro. De esta forma se contó con la mayoría necesaria para la suspensión de los agentes.
Según las fuentes, Riera cambió su voto, ya que primero estuvo a favor del enjuiciamiento sin suspensión.
El presidente del Jurado, Óscar González; el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño y el miembro del Consejo de la Magistratura Adrián Salas votaron solo por el enjuiciamiento.
Hubo presiones sobre los miembros del Jurado, para que Delfino y Ayala solo sean procesados. Sin embargo, se contó con la mayoría necesaria para suspender a los dos agentes que blanquearon la denuncia del grave hecho de tráfico de armas y municiones.
En la resolución del Jurado, en la que se resaltan las irregularidades cometidas por Delfino y Ayala, se menciona la pericia contable a cargo del licenciado Walter Oviedo, del Laboratorio Forense del Ministerio Público, quien aclaró que se limitó a analizar los documentos que obran en la carpeta fiscal.
Aclaró que no tuvo a la vista otros antecedentes que puedan existir y dejó a consideración de los fiscales su trabajo.
El Jurado hizo hincapié en que en la denuncia que se hizo ante la fiscalía también se habló de la producción de documentos no auténticos.
Sin embargo, este hecho fue ignorado por los fiscales que se limitaron a la pericia contable a cargo de Oviedo.
Además, según el Jurado, el propio perito refirió que había una diferencia de las armas y balas licitadas por la Corte y lo que recibió.
De esta manera, de acuerdo a la resolución, no se puede concluir con certeza que no se cometieron hechos punibles para solicitar una desestimación como lo hicieron Delfino y Ayala.
En consecuencia, para el Jurado existen elementos que hacen presumir que los fiscales habrían incurrido en mal desempeño, razón por la cual fueron enjuiciados y suspendidos en el cargo.
Los antecedentes revelan que el 29 de enero pasado los fiscales solicitaron a la jueza Griselda Caballero la desestimación de la denuncia. La magistrada seis días después ya hizo lugar a la solicitud de los agentes.
Sin embargo, el Jurado no hizo referencia a la actuación de la jueza.
El presunto tráfico de armas y municiones salió a la luz tras el pleito judicial que mantienen los socios de Comtecpar (proveedora del Estado), Rubén González y Carlos León.
González denuncia ante la Corte que las municiones 5.56 que se importaron a nombre del alto tribunal se comercializaban en negocios particulares de Asunción.
Ante la gravedad del hecho, el entonces titular de la Corte, en febrero del año pasado, envió los antecedentes al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y solicitó el esclarecimiento del caso. Sin embargo, Delfino y Ayala, que fueron designados en la causa en junio del año pasado, solicitaron la desestimación del caso en forma irregular, según el Jurado de Enjuiciamiento.
NEGOCIADO EN EJÉRCITO
- El negociado con las armas y municiones se habría dado en el Ejército, a la cual la firma Comtecpar proveyó por miles de millones de guaraníes. Sin embargo, los dos fiscales ni siquiera investigaron lo que el Ejército adjudicó y lo que la empresa importó.
-En el caso de la Corte, por ejemplo, se adjudicó a Comtecpar la provisión de 15 fusiles de asalto, pero la firma importó 20, con autorización de las autoridades de Dimabel, que se basaron en un documento firmado por la jefe de Unidad Operativa de Contrataciones del Poder Judicial, Fátima Insfrán, y no en el contrato de adjudicación como tendría que ser.