Cargando...
El juez penal de garantías resolvió ayer confirmar la prisión preventiva del extitular del Indert Justo Pastor Cárdenas Nunes, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quien había planteado un incidente de revocatoria de la prisión preventiva.
Al respecto, el magistrado argumentó que el pedido de la defensa del extitular del Indert se basó en nuevos elementos y citó la pericia contable realizada en el marco de la investigación.
Al ser consultado sobre este punto la fiscala Sussy Riquelme indicó que la calificación de la imputación se mantendrá, que ello no variará y por ende solicitó su rechazó.
Por otro lado con respecto al otro ítem citado por Cárdenas, el compurgamiento de la pena mínima, el magistrado refirió que no se aplica: “el código plantea (esta posibilidad) para los casos de delitos. Este caso es enriquecimiento ilícito, la pena va hasta diez años, por lo que según el Código Penal es crimen y por todo eso no se dan los presupuestos para la revocatoria de prisión. En consecuencia no se hace lugar al pedido solicitado por la defensa técnica”.
El abogado Rodolfo Gubetich basó su pedido con relación a cuatro pericias contables de ingresos y egresos realizadas a Justo Cárdenas y sus hijos imputados Allan, Justo y María Alexandra Cárdenas Pappalardo.
Según el profesional, la conclusión “descalifica por completo los datos expuestos en la imputación fiscal, los informes señalan que calculando el total de ingresos y egresos, existe un saldo disponible que permite sostener que Cárdenas disponía de suficientes recursos perfectamente justificados para realizar egresos”.
Sin embargo, según la investigación del Ministerio Público, la familia no puede justificar su patrimonio de G. 2.600 millones, tras la adquisición de inmuebles, rodados, acciones en sociedades y haber cancelado deudas con entidades bancarias y financieras.
Hace cuatro meses en Tacumbú
El 3 de diciembre del año pasado Justo Cárdenas se convertía en el preso 3.245 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú tras la resolución del juez Humberto Otazú, quien resolvió enviarlo a prisión.
De acuerdo con la investigación sobre los bienes del que era presidente del Indert en el gobierno de Horacio Cartes, entre 2008 y 2018 tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000 y egresos de G. 8.009.595.082. La gran diferencia es lo que no podría justificar debidamente, por lo que se sospecha que son ingresos provenientes de fuentes ilícitas. También se consigna que supuestamente utilizó a sus hijos y a sus empresas para la compra de acciones, inmuebles y lujosos vehículos por un valor de G. 8.009.595.082.