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CIUDAD DEL ESTE. El Crio. Princ. Darío Aguayo, en procura de justificar el abierto desacato a una orden judicial, afirmó que “tenemos que comunicar a Asunción el mandato que recibimos. Hay un protocolo para desalojos que se tiene que cumplir sin importar la envergadura de la ocupación”.
“Hay que informar a la Comandancia Nacional de la Policía, luego a la asesoría jurídica. Vamos a esperar el dictamen para ver si cumplimos o no la orden judicial. Esta semana ya no habrá ninguna intervención, tenemos que esperar la autorización de Asunción”, dijo.
Hasta se podría pensar que Aguayo es una persona seria, pero el 7 de diciembre pasado recibió a media mañana una orden de desalojo del negocio “Mina India” de Ciudad del Este y antes del mediodía dio cumplimiento al mandato. Nunca comunicó a Asunción ni esperó dictamen de la asesoría jurídica.
Aguayo acomoda el cumplimiento de las órdenes judiciales según sus intereses: toma la decisión de ejecutar de inmediato un desalojo o bien de dilatar el cumplimiento. Sería interesante saber qué mueve al oficial de la Policía Nacional en la toma de decisiones.
El inmueble ocupado por Sarubbi está localizado en el kilómetro 22 de la Ruta VII, en el distrito de Minga Guazú; efectivos de la Policía Nacional fueron a verificar el lugar y constataron que solo tres personas se encuentran dentro de la propiedad.
No es una ocupación campesina, no se tiene enfrente a una muchedumbre, no hay nadie dispuesto a enfrentarse con las fuerzas de seguridad. Y el comisario Aguayo viene a recordar el protocolo de desalojo, el mismo protocolo que dejó de lado hace apenas unos días en “Mina India”.
El comisario Sergio Sosa, asesor jurídico de la Policía de Alto Paraná, presentó un informe falso, diciendo que cinco familias se encuentran dentro de la propiedad usurpada por Sarubbi.
La orden
La jueza Delsy Cardozo Ramos ordenó ayer a la Policía Nacional brindar protección al oficial de Justicia Miguel Correa para dar cumplimiento a la orden de desalojo de Enrique Sarubbi.
El mandato fue remitido al comisario Aguayo, quien se negó a cumplir la orden del Juzgado, con el argumento de que debe recibir instrucciones de Asunción.
El inmueble localizado en Minga Guazú ocupa una superficie de 20 hectáreas y es propiedad legítima de la firma “HB Inmobiliaria S.A.”, pero está en manos de Sarubbi, en forma fraudulenta.
En julio de 2014, el juez Manuel Saifildin Stanley declaró culpable a Francisco Feliciano Duarte en una demanda planteada por Enrique Sarubbi por “cumplimiento de contrato”. El tema es que “Manito” Duarte murió en junio de 2000.
Sarubbi obtuvo un título de propiedad sobre la finca 483 y logró una orden de desalojo de la jueza Máxima Meza de Maldonado sobre la finca 531, de “HB Inmobiliaria S.A.”. La magistrada se encuentra procesada por el Jurado de Enjuiciamiento en este caso. Ahora que por fin los legítimos propietarios esperan la restitución de su inmueble, la jefatura departamental se niega a cumplir la orden judicial.
¿Qué se gana con esto? Beneficiar a Enrique Sarubbi con el tiempo necesario para inventar una nueva chicana que le permita mantener la posesión de una finca que nunca fue suya. Y el comisario Darío Aguayo le estaría haciendo el favor.
roque@abc.com.py