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Ardonio presentó una impugnación ante la Sala Penal de la Corte contra la confirmación de la Fiscalía General del Estado.
El procesado junto a sus hermanos Carlos Rubén y Denilso Sánchez Garcete, intendente de Capitán Bado preso en Tacumbú por esta causa, insiste en que ningún agente de la Unidad Especializada Antidrogas lleve la causa. Además recusó al fiscal adjunto Marco Antonio Alcaraz.
El fiscal que lleva el caso es Marcelo Pecci y la recusación alcanza a sus colegas Isaac Ferreira, Carlos Alcaraz, Zully Figueredo, Elva Cáceres y Lorena Ledesma, quienes ni siquiera intervinieron en la causa.
El proceso por lavado de dinero es llevado actualmente por el fiscal René Fernández, de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien está como interino.
Ardonio y Chicharõ obtuvieron su libertad ambulatoria el 14 de abril pasado, tras una cuestionada resolución de la Cámara de Apelaciones, que levantó el arresto domiciliario. Ambos estuvieron con prisión preventiva durante seis meses en Tacumbú.
En este caso estuvo prófugo Denilso Sánchez Garcete y desde la clandestinidad se candidató, ganó y juró como intendente de Capitán Bado. Actualmente está preso en Tacumbú.
Según el Ministerio Público, un total de G. 15.224 millones serían parte del patrimonio de los hermanos que no pueden justificar. Supuestamente dicho bien patrimonial proviene del narcotráfico, pero hasta ahora no se amplió la imputación por ese hecho punible.