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En la denuncia que se presentó en setiembre de 2015 ante el Ministerio Público se sindica como responsables a los expresidentes de la Asociación Óscar Darío Cáceres Bogado y Norma Beatriz Ibarra Ferreira, además de los miembros, Claudio Herreros Alvarenga, Leticia González Leguizamón y Cynthia Figueredo de Pereira.
En el escrito, también se pidió la individualización de otros involucrados en lesión de confianza y varios otros hechos punibles.
Los denunciantes explicaron que los préstamos a los funcionarios contratados de la Justicia Electoral eran “una práctica perversa y constante” y en abierta violación a los estatutos sociales. Los descuentos a funcionarios contratados correspondientes al mes de junio de 2012 ascendieron a G. 1.002.629.550.
Durante la gestión de Cáceres Bogado se hizo una auditoría externa cuyo resultado se ocultó. Luego se dispuso la intervención y se convocó a elección.
Las nuevas autoridades encabezadas por Ibarra Ferreira tenían la obligación de velar por los bienes de la Asociación, pero tampoco lo hicieron. Continuaron con la misma práctica, señalaron los denunciantes.
Agregaron que en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2012, se llegó a descontar el 100 por ciento del salario de los funcionarios que eran socios de la Afunje.
Un dictamen de la asesoría jurídica de la Justicia Electoral confirmó el procedimiento irregular y violatorio a la ley laboral.
Los directivos además descontaban de los funcionarios para el pago a las casas comerciales y bancos. Sin embargo, después llegaron las demandas judiciales por falta de pago.
También se mencionó un préstamo de la asociación de G. 250 millones, pero se firmaron pagarés por G. 500 millones.
El caso es similar a lo ocurrido en la asociación del Poder Judicial, en donde los involucrados fueron imputados y enviados a prisión. Sin embargo, en este caso todavía no hay imputados, pese a que hace rato se declaró la quiebra de Afunje.
El actual director general de Administración y Finanzas de la Justicia Electoral, Olindo López, fue citado para dar su testimonio, pero no acudió a la convocatoria.
La investigación penal está a cargo de la fiscala Stella Cano y se espera que tome medidas ante los indicios de la comisión de hechos punibles, que llevaron a la quiebra de la asociación.
Según fuentes, algunos políticos y autoridades de la Justicia Electoral estarían operando para blanquear el caso.