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El 10 de mayo último, el ministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), José Orué, dictó la resolución por la que desautoriza el funcionamiento del hogar abrigo La Compasión. La medida fue consecuencia de una denuncia realizada por la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura en abril pasado.
Esta denuncia tiene relación con maltratos sufridos por un niño de 10 años, que huyó del hogar en enero pasado. El chico había sido llevado al local por la defensora de Luque, Celeste Rojas.
Ante tal situación, el ministro Orué solicitó un dictamen jurídico del caso a la Dirección de Asesoría Jurídica de la institución, a cargo del abogado Ernesto Benítez. Este, a través del dictamen N° 076/2013, explica en nueve hojas todas las averiguaciones realizadas en torno al caso y detalla las numerosas irregularidades detectadas para luego concluir con una recomendación de cierre de la institución y la remisión de los antecedentes a las autoridades fiscales y judiciales, para la adopción de las medidas que hubiere lugar.
“El informe de la Dirección de Protección Especial (Diproe) señala que el encuentro con los niños, niñas y adolescentes permite develar una serie de situaciones y prácticas que vulneran sus derechos y su integridad y califica de alarmante las condiciones en que se encuentran actualmente, resaltando la necesidad de activación de los mecanismos existentes para la restitución de los derechos de los acogidos”, destaca Benítez.
Además de las graves anomalías observadas, tales como azotes con palos y rebenques, trabajos pesados, aislamiento, algunas de las cuales se detallan en el cuadro que acompaña este material, llama la atención la existencia de informes negativos de los años 2009, 2010 y 2012 -resultado de fiscalizaciones anuales- sin que la institución haya tomado medida alguna para salvaguardar la integridad de los niños.
Por ejemplo, entre las conclusiones de la fiscalización realizada en el 2009, se recomienda “establecer pautas de comportamiento y puesta de límites no lesivas, es decir, que no impliquen ningún tipo de castigo físico”.
Al año siguiente, una nueva fiscalización arrojó la siguiente recomendación: “La dirección y los funcionarios no expongan a los NNA (niños, niñas y adolescentes) frente a personas extrañas sobre los actos o hechos que generaron la derivación de los mismos a la institución”. También advertían que el poco contacto con la comunidad y el escaso mantenimiento del vínculo familiar no favorece el desarrollo biopsicosocial de los albergados.
“La información recabada y analizada permite develar una serie de situaciones y prácticas que vulneran los derechos de NNA albergados en la institución, que constituyen vulneraciones muy graves que parten de las personas que ejercen la autoridad en la institución y denotan que son plenamente conscientes de las mismas, disfrazando la situación con justificaciones, poniendo en riesgo la integridad de los albergados”, señala el informe del 2012, que calificó de “grave” la situación.
De hecho, el dictamen 1/12 del 2 de abril del 2012, recomendó el cierre de la institución, como consecuencia de la sistemática vulneración de los derechos de niños y de las reglas establecidas para el funcionamiento de abrigos.
Mañana: Denuncias ignoradas por las autoridades.