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La magistrada Bracho fue quien salió sorteada para atender el caso donde está nuevamente imputado el intendente de Lambaré.
La fiscala González Falcón solicitó medidas alternativas a la prisión para Gómez como la prohibición de salir del país, presentación del 1 al 5 de cada mes ante el juzgado para la firma del libro de comparecencia y la imposición de una caución real al imputado cuyo monto será determinado por la jueza.
El hecho punible de desacato de una orden judicial está previsto en la Ley 4711/12 y dispone pena de hasta 5 años de cárcel, es decir, es considerado delito por lo que el imputado puede ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
La Fiscalía solicitó solamente plazo de 3 meses (el plazo normal es de 6 meses) para presentar su requerimiento conclusivo, es decir, acusación, o bien, podría ser alguna salida procesal.
Antecedentes
La imputación de la fiscala González Falcón señala que el entonces juez en lo civil de Lambaré Isidoro Olazar Pozza, el 9 de diciembre pasado, en el marco de las diligencias preparatorias de una demanda de la firma Titanic Corporation SA (Ticsa) contra la Comuna lambareña, solicitó el magistrado que el intendente informe al juzgado si en su calidad de administrador de gastos recibió insumos y materiales para la confección de registros de conducir y habilitación de vehículos, ya que de por medio había una deuda a la empresa proveedora de unos G. 1.600 millones.
Como el intendente Gómez no informó al juzgado en el plazo requerido, el juez Olazar Pozza el 20 de diciembre reiteró a la Comuna, bajo apercibimiento, para que provea los datos solicitados. Otra vez Gómez no informó al juzgado, habiéndose vencido este segundo plazo el 26 de diciembre.
Como el juez Olazar Pozza fue destituido de su función, Joel Melgarejo Allegretto, juez interino de la diligencia preparatoria de la demanda de Ticsa, el 30 de diciembre de 2016 remitió los antecedentes del desacato a la Fiscalía a cargo de González Falcón.
Gómez tiene proceso penal por lavado de dinero y reducción, por la defraudación a la empresa Viradolce, de Maris Llorens.