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La jueza Edith Coronel Alen, del fuero penal de la Niñez y Adolescencia, concedió la polémica resolución con la excusa de que Gladys González no forma parte del proceso por lesión de confianza por la desaparición de US$ 14,3 millones y porque no existió orden judicial para la petición de la circularización de cuentas que hizo la Superintendencia de Bancos a pedido del Ministerio Público.
De hecho, la Superintendencia ya apeló el fallo de Coronel y la Fiscalía lo hizo ayer por ser “tercero perjudicado”.
Según la fiscala Nadine Portillo, el hábeas data “presenta vicios insanables que hacen necesaria su revocación. La sentencia tiene fundamentación aparente, error de interpretación en los alcances de un precepto legal y la magistrada se extralimitó en su competencia”.
Asimismo, indicó que “en ninguna parte de las resoluciones recurridas se identifica cuál es la información o el dato erróneo que obra sobre González que deben ser actualizados, suprimidos o eliminados, puesto que solo se pretende que los datos que posiblemente obren en alguna investigación penal sobre su persona sean destruidos y no se agreguen a una carpeta fiscal”.
Manifestó que “resulta lógico que sean las entidades bancarias las que deberían corregir o destruir datos obrantes sobre la demandada y determinar si fueron falsos o incorrectos, pero en este caso la magistrada entendió erróneamente que las reglas del hábeas data le autorizaban a ordenar al Ministerio Público a destruir pruebas de una causa penal en investigación...”.
A su vez, la agente refiere que la sentencia “resultaría catastrófica para el orden de un estado de derecho, ya que en el procedimiento del hábeas data la magistrada pretende destruir evidencias de una causa penal en que la recurrente (Gladys González Falcón) ni siquiera es parte ni procesada”.
En este proceso se habla de una fuerte injerencia del poder económico para no rastrear el dinero desviado de Ára de Finanzas.
Adjunto critica resolución
Federico Espinoza, fiscal adjunto de Delitos Económicos, indicó que el fallo de Edith Coronel deja un “nefasto precedente”. Indicó que con esto “el Estado perderá eficacia en la investigación de hechos punibles que tengan relación con el crimen organizado, debido a que no se podrá indagar las cuentas si una persona todavía no soporta un proceso penal. Además, el responsable de la unidad dijo que la jueza se atribuyó funciones de un juez penal de garantías, que es el que tiene que definir si la prueba colectada es válida. “A esto se suma que la Fiscalía es una institución de persecución penal, no de colección de datos como ente público o privado. El caso solo es público para las partes”, concluyó.