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“Otros elementos que deben ser tenidos en cuenta, es que durante la investigación llevada a cabo por esta representación fiscal se ha comprobado que la firma Comtecpar SA es proveedora del Estado, y como tal ha participado en varios procesos licitatorios llevados a cabo por distintas instituciones públicas, siendo beneficiada en ellas para la provisión de armas de fuego, municiones y accesorios de uso policial y militar”, señalaron los fiscales en el pedido de desestimación de la denuncia que presentaron el 29 de enero pasado ante la jueza penal de garantías N° 9, María Gricelda Caballero, que hizo lugar a la solicitud el 4 de febrero.
Los fiscales se basaron en un peritaje realizado en el Laboratorio Forense del Ministerio Público. En ese sentido, enfatizaron que el informe del perito concluye que “tanto las licitaciones como compras directas realizadas por las entidades públicas con la firma Comtecpar se encuadran dentro de lo establecido por la ley 2081/2003, de Contrataciones Públicas”.
Agregaron que “no se puede alegar sobrefacturación y subfacturación en los distintos bienes e insumos adquiridos por las distintas instituciones públicas, ya que estos al haber sido adquiridos dentro de los distintos procesos licitatorios con las especificaciones solicitadas, las mismas se someten a la verificación administrativa requerida por la ley y los reglamentos que regulan la materia para la procedencia de la adjudicación a una de las empresas oferentes”.
Con este argumento, los fiscales no solo blanquearon el presunto negociado con las armas, sino también en los procesos licitatorios y las contrataciones directas con las cuales fue beneficiada la firma Comtecpar, presidida por Carlos León.
Delfino y Ayala tenían que comparar las adjudicaciones hechas por los órganos del Estado a la empresa y la cantidad de armas y municiones que la misma importó para las diferentes instituciones. Sin embargo, esta diligencia fundamental, los agentes del Ministerio Público la ignoraron totalmente.
Si los fiscales hacían esto se podría revelar la importación de más armas y municiones que las adjudicadas por el Ejército, por ejemplo, así como ocurrió en la Corte Suprema, que solicitó 15 fusiles y Comtecpar trajo 20.
En el Ejército
Según documentos a los cuales tuvo acceso nuestro diario, Comtecpar SA fue adjudicada, por la vía de la excepción, para proveer al Ejército municiones y armas por G. 1.400 millones, en noviembre de 2011.
La firma tenía que importar de los Estados Unidos 15.797 municiones 762 51 mm alto desempeño Macht; 16.999 las de calibre 338. Lapua Mágnum alto desempeño Macht, 15.000 balas de calibre .50 BMG alto desempeño Macht y 381 granadas 40 mm. Las municiones y granadas totalizaban 47.796.
Sin embargo, Dimabel, con la firma del titular de la unidad, general Carlos Campos Krauer, autorizó en diciembre de 2011 la importación de 51.000 municiones y granadas. Es decir, 3.204 unidades más de lo adjudicado a Comtecpar.
Pese a este indicio de negociado, las Fiscalía ni si quiera investigó la provisión de material bélico para el Ejército.
Según Contrataciones Públicas, la empresa Comtecpar, investigada ya facturó al Estado por la provisión de material bélico más de G. 87.000 millones, entre los años 2010 y 2013. Habría una rosca detrás del supuesto feroz negociado, que comienza a partir de los procesos licitatorios en las instituciones. Sin embargo, ahora la Fiscalía blanquea todo con el pedido de desestimación del caso.
Más de US$ 18 millones
La empresa Comtecpar SA, de Carlos Federico León Ocampos, ganó licitaciones, de acuerdo a la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con varios entes estatales por más de US$ 18 millones en los últimos cuatro años.
A nombre de la Corte Suprema de Justicia se habían importado balas y municiones, que finalmente la firma en cuestión resolvió comercializar con particulares.
cbenitez@abc.com.py