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En el marco de la investigación de la estafa de unos G. 35.000 millones a Llorens, la Superintendencia del BCP realizó una verificación “in situ” del banco Itaú. Fue debido a que las transferencias y depósitos de dinero se hicieron por medio de la referida entidad.
Según la denuncia que hizo el abogado Felino Amarilla, en representación de la empresaria, las hoy imputadas Anie Victoria Gibbons y Fabiola Bareiro Gibbons, durante casi dos años utilizaron los servicios del banco para efectivizar cheques que fueron obtenidos mediante estafas cometidas, que en promedio ascendían a G. 2.000 millones mensual.
La imputada Carmen de Lourdes López Sosa, que fue empleada administrativa de la firma, por medio de engaños hizo creer que los cheques que eran para el pago a proveedores se entregaba a los mimos. Sin embargo, iban a parar en la cuentas personales de Ana y Fabiola, abiertas en Itaú.
La auditoría al banco, a raíz del caso, observó que la entidad dijo que la misma no hace un monitoreo del cliente, cuando los fondos provienen de Itaú. Sin embargo, los auditores señalaron que esta situación no era contemplada en el manual de prevención cuando se registraron los hechos.
Agregaron que si la entidad omite este control estaría violando varios artículos de la Resolución 349/12 de la Seprelad.
Enfatizaron igualmente que considerando los importes de los cheques depositados en la cuentas de Anie, Fabiola y Carmen López, los mismos sobrepasan el límite operativo otorgado por la entidad, así como la capacidad económica reflejada en los documentos de ingresos que obran en el legajo de las tres mujeres involucradas.
A raíz de esta y otras observaciones, el BCP emplazó a la entidad que realice las correcciones a fin de fortalecer los controles antilavado.
Versión del banco
Ante la consulta de nuestro diario, el banco remitió un escueto informe en el que refiere que “el Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de bancos, en uso de sus facultades de supervisión, ha solicitado información a nuestra institución en relación con informaciones que son de estricta confidencialidad, dado que se encuentran protegidas por el secreto bancario”.
“Nuestra institución se encuentra cooperando con el ente regulador y con las demás autoridades nacionales en este tema”, refiere la nota de la entidad.
LOS ANTECEDENTES
La investigación penal de la estafa está a cargo del fiscal Miguel Vera. Fue apartado por la Cámara el juez Rubén Ayala Brun, por supuestas irregularidades cometidas en el proceso.
El magistrado se habría mostrado muy benevolente con las imputadas.
La imputación había sido ampliada contra los hermanos Diego, Horacio y Silvia Giménez Gibbons, por obstrucción a la restitución de bienes, reducción y lavado de dinero.
En el proceso también fue incluido el intendente de Lambaré, Armando Gómez, cuya esposa es la imputada Fabiola Bareiro Gibbons. El caso actualmente está cargo del juez José Delmás.