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“Es una bofetada para todo el Alto Paraná, sabemos cómo trabajan los fiscales acá. No puede venir a decir ese tipo de estupideces cuando debería tener conocimiento de cómo se manejan sus fiscales acá en el Alto Paraná. Creo que tiene conocimiento porque le habrán puesto al tanto de todo”, manifestó Barreto.
En el acto de entrega del inmueble de Itaipú a favor de la Fiscalía de Ciudad del Este, el fiscal general dijo que hay un mito sobre los controles de alcotest.
“Existe un mito porque siempre hubo comentarios al respecto. La Fiscalía General ha dado la instrucción pertinente para que en aquellos actos de prevención, colaborando con la Policía Nacional, de Tránsito Municipal o la Caminera, se hagan bajo el marco de la mayor transparencia y que lo obtenido en concepto de reparación de daño social sea entregado en actos públicos”, afirmó.
“No puedo hablarte de ninguna recaudación irregular, lo que sí te puedo decir es que hemos establecido y decidido darles la impronta de transparencia a esos tipos de actividades que hace la institución y en ese sentido en todos los procesos de alcotest se va a tener la mayor transparencia”, añadió.
En cuanto al esquema del alcotest, dijo que un denunciante bien identificado reveló a los directivos del CAAP que la fiscala Liz Carolina Alfonso recaudaba con los operativos.
“La fiscalía adjunta proveía de formularios sellados para que puedan rendir cuenta de sus acciones, pero los fiscales fotocopiaban esos documentos, con eso se exigía el pago de multa en efectivo entre 1.500.000 y 2.000.000 de guaraníes o se entregaban donaciones y se rompían las actas fotocopiadas y con los originales se justificaba el trabajo”, dijo Barreto.
Por lo general, luego de repartir la recaudación entre policías, asistentes y secretario fiscal y por último al fiscal adjunto, le quedaba libre la suma de G. 30 millones”, resaltó.