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La denuncia sobre este problema lo realizó ayer Lilian Díaz López ante los medios de prensa acreditados en tribunales. Manifestó que desde el 5 de diciembre es “peloteada” entre el Poder Judicial y Relaciones Exteriores.
Díaz relató que desde la mencionada fecha intenta enviar a España un certificado de antecedentes penales que requiere su madre –llamada actualmente informes electrónicos penales–, pero el documento expedido en los tribunales no es aceptado por Relaciones Exteriores para su legalización, porque carece de sellos y firmas oficiales. Le dijeron que en 6 meses solucionarían el inconveniente.
En vez de estos sellos y firmas, el documento que se expide en tribunales que es impreso en un papel de oficio común, lleva un código QR, que no es aceptado por los funcionarios de Relaciones Exteriores para su legalización.
Hasta ahora, la Corte no da solución a las personas que requieren enviar los documentos legalizados al exterior para las diferentes tramitaciones.
Consultada la directora de Estadísticas de los tribunales, Fabiana López, dijo que están trabajando para dar una solución a este inconveniente. No obstante, la principal traba se da en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a pesar de ser informado del cambio de modalidad en la expedición de los certificados de antecedentes penales, no ha puesto nada de su parte para ayudar a la solución del problema, indicó López.
Relaciones Exteriores comunicó oficialmente el 1 de setiembre de 2014 que fue implementado el convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, también conocido como la Convención de la Apostilla de La Haya, pero sigue trabando los informes electrónicos penales expedidos por la Corte.
El Poder Judicial implementó la modalidad de antecedentes penales por el sistema digital desde el 28 de noviembre y ya se emitieron 12.373 documentos, desde esta fecha. Los inconvenientes irán creciendo.