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Comtecpar proveyó a la Corte Suprema y los ministerios de Justicia, Interior y Defensa Nacional. Esta última es la que más pagó a la firma, que en 2011 incluso ganó una licitación por más de G. 66.000 millones para la entrega de “equipos militares y de seguridad”. (Ver infografía).
La empresa es administrada por Carlos León, quien mantiene un pleito judicial con su socio comerical, Rubén González Peralta. Este lo había demandado en el fuero civil, y el expediente está en el juzgado a cargo del juez Hugo Bécker, quien designó un interventor de la firma.
El interventor Carlos González Cabello presentó el informe final el 25 de octubre de 2012. Resaltó importantes excedentes en las compras y ventas de armas y accesorios de guerra, de uso restrictivo de organismos de seguridad, así como diferencias entre las adjudicaciones que beneficiaron a la empresa y las importaciones realizadas por ella. En conclusión, con la autorización de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) se importaron más armas y municiones que las adjudicadas por las instituciones.
En el caso de la Corte, se confirmó que esta adjudicó 3.000 municiones 5.56 mm y 15 fusiles de asalto. Sin embargo, Comtecpar importó 12.500 balas y 20 fusiles. Las municiones se estaban vendiendo en comercios de Asunción y a particulares, y los fusiles fueron adquiridos por la Senad de casa Yamgo, que también comercializaba las balas.
La Corte adjudicó por más de G. 700 millones.
En el Ejército
Comtecpar fue adjudicada, por la vía de la excepción, para proveer al Ejército municiones y armas por G. 1.400 millones, en noviembre de 2011.
La firma tenía que importar de los Estados Unidos 15.797 municiones 762 51 mm alto desempeño Macht; 16.999 las de calibre 338. Lapua Magnun alto desempeño Macht, 15.000 las de calibre .50 BMG alto desempeño Macht y 381 granadas 40 mm. Las municiones y granadas totalizaban 47.796.
Sin embargo, Dimabel, con la firma del titular de la unidad, general Carlos Campos Krauer, autorizó en diciembre de 2011 la importación de 51.000 municiones y granadas. Es decir, 3.204 unidades más de lo adjudicado a la empresa.
En dos adjudicaciones (Corte y Ejército), que solo superan los G. 2.000 millones, encontramos que se importaron de más 12.000 municiones. Se puede presumir que si se revisara el total de G. 87.000, se encontraría la importación de miles más de elementos bélicos que son de uso restringido por el Estado.
Las autorización para las importaciones están a cargo de la Dirección de Material Bélico, cuyo titular es el general Carlos Campos Krauer, y el Registro Nacional de Armas, cuyo jefe es el teniente coronel Oscar Villagra. Ambos cayeron en varias contradicciones al tratar de explicar la situación.
El presidente Federico Franco ordenó la instrucción de sumario, que se relaciona con faltas administrativas.
La investigación penal está a cargo de los fiscales de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez, Federico Delfino y Francisco Ayala.
Los agentes del Ministerio Público tienen que solicitar a Dimabel la justificación del destino de las municiones y armas, que en vez de ir a las instituciones del Estado, habrían ido a parar en manos de particulares. Incluso se presume que estarían en poder de bandas organizadas.
cbenitez@abc.com.py