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La investigación, a cargo de las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma, se inició a partir de denuncias de fraudes presentadas por maestros contra las firmas Marithé SA, Trial SA, Muñequita SA, entre otras. La imputación refiere que tanto la ujier notificadora Elena Cibils como la oficial de justicia Ana Ledesma hicieron informes que denotan la confabulación con los demandantes.
La primera dijo que llevaba cédulas y dejaba “debajo de la puerta”, pese a ser una institución pública, tener una recepción y persona encargada, por lo que se tratarían de las famosas “cédulas voladoras”, y la oficial Ledesma llegó a consignar que entregaba los escritos en “propias manos”, pese a que los docentes no se encontraban en el lugar.
