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Independientemente de que uno haya sido condenado, sobreseído, absuelto o liberado por extinción de la causa o compurgamiento del plazo máximo de la prisión preventiva, el estigma de exconvicto es un verdadero escollo al momento de obtener trabajo.
Esta situación, sumada a la falta de apoyo de la familia y a la necesidad de cubrir los gastos del día a día, constituyen, en muchos casos, en uno de los condicionantes sociales del crimen.
Para paliar esa problemática, el Arzobispado de Asunción cedió un inmueble a la Pastoral Penitenciaria para la creación del albergue post penitenciario.
El Ministerio de Justicia remodeló el inmueble y lo equipó con 40 camas, enfermería, cocina y otras comodidades.
El local tiene un costo operativo y de mantenimiento de G. 15 millones al mes (G. 180 millones al año) que provendrá en más de 50% del sector privado (Fundación Santa Librada), y el restante de fondos propios del Ministerio de Justicia, precisó la viceministra de Política Criminal, Carla Bacigalupo. Este costo incluye pago por servicios públicos y salario de psicólogo y trabajador social.
El padre Luis Arias explicó que el objetivo es dar un techo transitorio a los exconvictos que carezcan de casa. local tiene capacidad para 40 personas, que tienen un plazo máximo de 30 días para permanecer ahí, mientras busca donde residir.
“Estamos también en comunicación con empresas, con asociación de empresarios, para que vean que, independientemente de su condición, es un profesional, ya le reciben. La condición que ponen ellos es la de que sean buenos profesionales nada más y ya hemos logrado algunas contrataciones en formas aisladas, pero deseamos formalizar en forma institucional, sobre todo en las instituciones públicas, que ellos puedan admitir un porcentaje de su equipo de trabajo a personas en esta condición”, indicó el capellán penitenciario.
rferre@abc.com.py